El campo frenó otra suba de la tasa vial rural en una localidad bonaerense

El Concejo Deliberante de Necochea, en el sur de la provincia de Buenos Aires, se enfrentó a un debate candente sobre la propuesta de modificar la Ordenanza Fiscal Impositiva 2024. El proyecto, impulsado por el intendente Arturo Rojas, buscaba aumentar las tasas urbanas, rurales, el estacionamiento medido y la estadía en la Playa de Camiones de Quequén. Sin embargo, la medida no logró el aval necesario en el cuerpo legislativo local y fue enviado a comisión para su revisión.

En ese sentido, la iniciativa más controvertida era el aumento de la tasa vial rural, que buscaba elevarse de $5000 a unos $12.000 por hectárea. Los productores agropecuarios se opusieron firmemente a esta propuesta, argumentando que la medida impondría una carga financiera excesiva sobre el sector. La Sociedad Rural local expresó su preocupación por la situación y señaló que el aumento del 140% implementado en diciembre pasado ya había generado tensiones, lo que llevó a que el proyecto fuera devuelto a comisión debido a la falta de votos afirmativos.

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En tanto, la decisión de los productores de retirarse del Ente Vial reflejó el malestar generalizado en el sector ante los aumentos propuestos. En respuesta a estas protestas, el Concejo Deliberante decidió enviar el proyecto a comisión para un análisis más detenido. Se espera que en los próximos días se reanuden las discusiones sobre las tasas municipales: mentras tanto, la incertidumbre persiste entre los residentes y agricultores de la zona.

A través de un comunicado oficial, los productores de Necochea informaron a sus colegas sobre su decisión de retirarse del Ente Vial. En la misma declaración, advirtieron sobre la posibilidad de recurrir a la Justicia si fuera necesario, denunciando un presunto uso indebido del Ente por parte del Ejecutivo municipal.

“El municipio no destina la totalidad de lo que recauda para conservar los caminos rurales”

Durante el primer mandato de Rojas, los productores fueron instados a enviar parte del presupuesto del Ente Vial, destinado al sector agropecuario, para el mantenimiento de las calles internas de la ciudad. Sin embargo, con el cambio de gobierno, esta asignación presupuestaria fue revocada, generando descontento entre los ruralistas, quienes denunciaron que se estaba desviando el dinero destinado al sector rural para gastos urbanos.

En este contexto, el temor entre los productores radica en el potencial aumento de la tasa vial rural, que podría superar los $12.000 en solo tres meses si se aplican índices retroactivos. Además, la propuesta incluye una sobretasa del 35% para la compra de maquinaria, que según los ruralistas debería ser financiada por rentas generales, agravando aún más la situación financiera del sector.

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En total, alrededor de 700 productores agropecuarios de Necochea se verían afectados por este aumento de la tasa, que afectaría a más de 400.000 hectáreas en el partido, donde se cultivan diversos productos como trigo, cebada, girasol, maíz y soja.

Previamente, los productores agropecuarios se reunieron en la localidad de Juan N. Fernández para expresar su descontento y denunciar lo que consideran “nuevos atropellos” contra el sector. Entre las acciones que critican se encuentra la desafectación de la tasa del Ente bajo el argumento de una emergencia económica, así como la asignación de nuevas funciones sin los recursos adecuados y la reducción drástica de los fondos asignados.

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En un comunicado emitido durante el encuentro, los productores enumeraron una serie de preocupaciones, entre las que destacan el deterioro de la maquinaria del Ente, la falta de renovación y el cobro de un tributo adicional por un servicio que consideran ineficiente e insuficiente en comparación con municipios vecinos.

Esta situación se agrava con la imposición de una nueva “tasa espejo”, que incrementa el costo en un 35%, sin ofrecer mejoras en el servicio existente.

La respuesta de los productores fue contundente: se oponen firmemente a la propuesta del Ejecutivo y exigen que los concejales los representen en este conflicto. Además, no descartan recurrir a la Justicia para enfrentar lo que consideran “una injusticia fiscal”.

En su comunicado, subrayan su determinación de luchar contra estas medidas y defender sus derechos ante lo que perciben como un abuso por parte del gobierno local.