Vouchers educativos: subsidio a la educación privada

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¿Vouchers educativos o doble subsidio a la educación privada? Aunque anunciada con el nombre que La Libertad Avanza había promovido en campaña, la medida informada este miércoles por el Ministerio de Capital Humano se parece más a una «beca» para familias de clase media cuyos colegios ya son subvencionados, que a los «vouchers» al estilo chileno impulsados antes de las elecciones. Así lo entienden especialistas consultados por este diario, que de todos modos advierten que la medida busca empezar a instalar en agenda el rumbo privatizador de la educación, salteando a las provincias para subsidiar directamente a las familias. Desde la Provincia de Buenos Aires señalan que la decisión se da en un contexto en el que «no han tomado una sola medida a favor de la educación pública«. 

La mala palabra «subsidio» no aparece ni en el comunicado del Ministerio ni en la resolución 61/2024 firmada por su titular, Sandra Pettovello, con la que se oficializó la creación del Programa Vouchers Educativos que se ejecutará por el lapso de tres meses en el ámbito de la Secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendell. Pero si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, es un perro. «No es un voucher en el sentido que ellos le daban en la discusión durante la campaña ni en el que se aplica en otros lugares. Le ponen voucher por asociación y porque están en el medio de la ‘batalla cultural’, pero es un subsidio que apunta al segmento de los que pagan menos cuota porque son las escuelas que más aporte estatal reciben», dice a Página 12 Alejandro Morduchowicz, economista especializado en Financiamiento de la Educación. 

La principal diferencia del nuevo programa con los vouchers utilizados en otros países del mundo, como Chile o Suecia, es que en ellos los «vales» no se depositan directo en el bolsillo de las familias sino que bajan primero a las instituciones de acuerdo a la cantidad de alumnos y alumnas que tenga el establecimiento. El presupuesto educativo nacional se divide y destina directamente a los colegios, según el «mérito» de cada uno para conseguir alumnos. El punto es esencial para la teoría liberal, que considera que así se genera una competencia entre las escuelas para atraer mayor alumnado y que el colegio que más estudiantes tiene es el que más presupuesto merece. De esa lógica mercantil se deriva que la calidad educativa, pensada como un producto, tendería a mejorar en busca de ampliar la demanda. Además, en esos casos no se trata de un subsidio temporal sino permanente y no se aplica a un segmento específico del alumnado. 

Aquí, sin embargo, el programa tiene un destinatario específico y directo: las familias de escuelas privadas que quedaron pendiendo de un hilo tras el golpe inflacionario posdevaluación y el incremento de las cuotas y matrículas del inicio del nuevo ciclo lectivo. La propia resolución lo dice con claridad: «Se hace necesario asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal», explica y precisa que «se buscará evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales, de manera de no discontinuar o modificar su trayectoria educativa». En otras palabras, evitar a las familias el riesgo de «caer en la escuela pública«, como alguna vez dijo el ex presidente Mauricio Macri. 

«Es una colaboración del Estado a las familias de clase media, en principio nunca está mal eso, pero inmediatamente hay que ponerlo en contexto, y ese contexto desdice absolutamente las buenas intenciones del gobierno», advierte, por su parte, el titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, que sienta posición desde Provincia en diálogo con este diario. Sileoni enumera las características de ese «contexto»: agresión a la educación pública, desfinanciamiento, eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), falta de transferencias para formación docente o escuelas técnicas, entre otros puntos. 

Todo eso, advierte, parece tender hacia un proceso «de intento a mediano plazo de privatización constante«.» La primera medida educativa de alguna resonancia que toman es beneficiar a las escuelas privadas cuando no han tomado una sola medida a favor de la educación pública«, completa. Página 12 también consultó a fuentes del Ministerio de Educación porteño para conocer su posición ante la medida anunciada por el gobierno nacional, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta. 

Morduchowicz también interpreta la creación del programa como la apertura de una puerta hacia un rumbo privatizador. «Esto es el principio, el inicio de algo que tiene que ver con lo simbólico y discursivo de imponer agenda en un sentido. Aunque para una familia de clase media empobrecida todo suma, no les estás salvando la vida con 27 lucas por tres meses. Hay más bien una señal ideológica que, imagino, se condice con las intenciones de promover más la educación privada«, advierte y destaca que el anuncio de los «vouchers» se produjo incluso antes de la concreción de otras medidas que supuestamente impulsaría el gobierno de Javier Milei, como el Plan de Alfabetización. 

Los números finos del nuevo programa indican que el «voucher» será, en principio, por los meses de mayo, junio y julio, y que tendrá un tope de 27.198 pesos por hijo, lo que se corresponde con el 50 por ciento de una cuota de los establecimientos con al menos el 75 por ciento de subvención. Cubrirá sólo la jornada simple de los colegios, sin incluir las actividades extraprogramáticas y tomando como base el valor de la cuota al mes de marzo. 

Los interesados en recibir el subsidio podrán inscribirse hasta el 30 de abril www.argentina.gob.ar y, según aseguran desde el Ministerio, el monto podría alcanzar a alrededor de dos millones de chicos y chicas en todo el país. Se trata de los hijos de  familias cuyos ingresos no superen el equivalente a siete salarios mínimos, alrededor de 1,4 millones de pesos. Así, subraya Sileoni, se produce un fenómeno de doble subsidio hacia ese segmento de la educación privada: al que ya reciben los colegios por parte directa del Estado se suma ahora el que pasarán a percibir las familias para sostener a sus hijos en esas escuelas. 

Este último aspecto constituye un punto de atención especial en la opinión de Morduchowicz. «La asociación es novedosa porque están empezando a interactuar directamente con las familias salteándose a las provincias. Cuando en campaña se discutía el tema de los vouchers, se decía que las escuelas no son del Estado nacional sino de las provincias, y acá le encontraron una vuelta de tuerca para saltearse esa instancia«, sostiene. 

Una asociación que, además, hace sentido con ciertos aspectos del discurso ultraliberal centrado en la familia como base decisoria de la educación de sus hijos. En ese discurso se apoya, por ejemplo, el rechazo a determinados contenidos curriculares o de la Educación Sexual Integral a los que tildan de adoctrinadores. El especialista recuerda un antecedente por lo demás significativo: «Cuando Thatcher hizo cambios en educación, también empezó a interactuar directo con las familias. El término usado era ‘desconfianza‘ hacia otros niveles de gobierno. Además, buscaba ampliar y favorecer al sector privado«, subraya. 

Por el lado gremial, Ctera salió este mismo jueves a rechazar la creación del nuevo programa. «El Estado nacional, una vez más, se propone transferir recursos públicos al sector privado. Mientras tanto, en simultáneo, desfinancia a la educación pública al recortar el presupuesto educativo, suspender el envío de los fondos salariales y de los programas educativos», alertaron en un comunicado, y añadieron que todo esto priva a la escuela pública «de importantes recursos para programas educativos destinados a la extensión de la jornada escolar, a obras de infraestructura, programas de tecnología y conectividad, de fortalecimiento de los aprendizajes en primaria y secundaria, entre otros programas educativos nacionales».  

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