Quién investiga a los jueces? El organismo clave que tiene cajoneadas 270 denuncias

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Entre las funciones del Consejo de la Magistratura de la Nación hay una de particular relevancia institucional: la investigación de jueces y juezas. Mientras los magistrados son los responsables de determinar, en el marco de una causa, si se cometió o no un delito, la pregunta que surge es ¿quién los investiga a ellos cuando son denunciados?. A la fecha hay unas 300 presentaciones realizadas ante este organismo, contra jueces de diversos fueros que, pese a contar en promedio con más de tres años desde su radicación, poco avanzaron.

El organismo que designa a los jueces también tiene la responsabilidad de investigarlos cuando son denunciados. Hay dos comisiones que toma los casos, según la gravedad de los hechos que bajo el grado de sospecha se le atribuyen a los magistrados. La Comisión de Disciplina, cuando analiza aplicar una sanción, y la de Acusación, que aborda los expedientes más complejos.

Los números oficiales del Consejo de la Magistratura, actualmente presidido por Horacio Rosatti -máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia-, exponen la cantidad de denuncias radicadas allí. Pese a estar vigentes, la mayoría cuentan con un reducido movimiento.

Comisión de disciplina

Según la última actualización estadística, del 20 de febrero, en la Comisión de Disciplina hay 252 denuncias radicadas. 40 de ellas apuntan a funcionarios judiciales de Comodoro Py, el lugar que tiene la responsabilidad de investigar la corrupción de funcionarios nacionales.

Allí hay denuncias contra el candidato de Javier Milei para reemplazar en la Corte Suprema a Helena Higthon, pasando por la jueza que investigó el atentado del que fue víctima Cristina Kirchner, el ex candidato de Alberto Fernández para la Procuración General de la Nación, hasta camaristas que en la actualidad se encuentran revisando la sentencia del caso Vialidad, donde fue condenada la exvicepresidenta.

Algunos detalles. El juez Ariel Lijo, titular del juzgado federal 3 y con veinte años en el fuero penal, acumula cuatro denuncias radicadas el año pasado en diversos momentos: el 3 de agosto, el 29 del mismo mes, el 4 de octubre y el 11 de diciembre. Sin tener en cuenta una gran cantidad de presentaciones en su contra que por no recibir ningún tipo de tratamiento, perdieron vigencia y debieron ser archivadas.

Según la ley del Consejo de la Magistratura, un expediente caduca si a los tres años de una denuncia contra un juez el plenario no emite ninguna resolución. Así fue que más de 40 denuncias durante 2023: vencieron.

También fue denunciado el año pasado Daniel Rafecas, el juez federal que Alberto Fernández había elegido como candidato para asumir frente a la Procuración General de la Nación. Su pliego nunca avanzó en el Senado por el rechazo a su designación por parte de Cristina Kirchner.

La jueza responsable de investigar el atentado contra la ex vicepresidenta, María Eugenia Capuchetti, también cuenta con una denuncia que fue derivada a la Comisión de Disciplina. Esa presentación ya tiene dos años, en durante los cuales no tuvo ninguna actuación.

Fuentes del Consejo de la Magistratura sostienen que la inacción ante cualquier denuncia radicada impide conocer “si los jueces denunciados merecían o no algún tipo de sanción, en tres años nunca se los investigó”.

De todos los fueros y de diversas jurisdicciones, el organismo recibe denuncias de las más variadas, a raíz de fallos firmados, de sentencias dictadas, incluso por criterios adoptados durante la instrucción del expediente.

Dentro de sus funciones, el Consejo tiene la responsabilidad de velar por el correcto desempeño de los jueces. Cuando las denuncias avanzan, se arma una comisión de acusación donde se analiza y se da tratamiento a las presentaciones. Además de sanciones económicas o suspensiones temporarias, el Consejo puede incluso avanzar en las investigaciones que podrían derivar en un jury de enjuiciamiento contra un juez, en caso de ser encontrado responsable de los hechos por los que se lo denunció.

La lista de denunciados allí también es extensa: el juez vinculado al kirchnerismo, Alejo Ramos Padilla, también acumula denuncias en este ámbito. Entre 2022 y 2023 fue denunciado en seis ocasiones. La mayoría de esas presentaciones se acumularon para brindar celeridad. Es decir, como ya había un procesos abiertos, se dirigieron a ese expediente las demás acusaciones.

Algunos de los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal, también fueron denunciados. El juez Mariano Borisnky cuenta con seis denuncias, la mayoría ya tienen tres años. Otros camaristas como Gustavo Hornos, Alejandro Slokar y Juan Carlos Gemignani también fueron denunciados hace más de dos años y medio en algunos casos.

Comisión de Acusación

En la otra comisión receptora de denuncias contra magistrados hay 18 causas. Sólo cinco de ellas fueron radicadas el año pasado, y las demás tienen dos años desde su presentación en promedio.

Cuentan con un grado de avance más significativo. Son parte del listado de denunciados la jueza Sandra Arroyo Salgado, como los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

Al respecto de estos procesos, la consejera Adriana Reyes señaló a Clarín, que es necesario una “modificación inmediata del Reglamento de Acusación y Disciplina, como también la digitalización de todo el proceso desde el momento del ingreso de la denuncia y la carga de todos los movimientos en sistema para facilitar el conocimiento y control de los expedientes en trámite”.

Para imprimir mayor celeridad a los procesos de investigación, la consejera radical consideró que sería indispensable contar con “fijación de plazos para las diferentes etapas del proceso en especial la producción de prueba como la regulación de los impulsos de la causa por parte del consejero informante y posibilidad de resorteo”. Esto incluye, para Reyes, un pedido de información semestral por parte de la comisión respecto a los procesos que se encuentran próximos a vencer ”para que se adopten las medidas necesarias”.

Desde el ministerio de Justicia también opinaron sobre el tema. Fuentes oficiales expresaron que una meta es que “no se archiven las denuncias por plazos cumplidos sin ningún tipo de tratamiento” y que esto es lo que debe evitarse, “los procesos de investigación respecto al accionar de los jueces deben tener el tratamiento que corresponde”.

Al respecto, desde el Consejo de la Magistratura se señaló que cada denuncia ingresada y asignada a un consejero “siempre tiene algún tipo de movimiento y medidas solicitadas, después se resuelve si hay elementos para avanzar o no”. Son 289 los casos que fueron desestimados y resueltos, según consta en la información oficial.

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