El Consejo de la Magistratura investiga a dos jueces federales y Elisa Carrió pidió una auditoría sobre Ariel Lijo

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La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió y el senador Luis Juez solicitaron al Consejo de la Magistratura que investiguen la conducta del jueces federales Ariel Lijo y de Ramos Padilla. En el caso del candidato del gobierno a la Corte Suprema, Lijo, Carrió pidió que la Magistratura realizara una auditoría sobre una causa en que fue investigado Lijo por supuesto mal desempeño. El pedido de Carrió fue apoyado por nota por las agrupaciones “Será Justicia”, que dirige María Eugenia Talerico, y “Acción Conjunta Republicana”, entre otros.

Y Juez insistió ante el presidente de la comisión de Acusación de la Magistratura, el ex diputado K Héctor Recalde, que sortee un instructor para dos pedidos de sanciones administrativas contra Lijo y el juez federal de La Plata, Ramos padilla.

Por otra parte, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura notificó este miércoles a los jueces federales Federico Villena y Marcelo Bailaque del inicio de sendos sumarios para eventuales juicios políticos.

La llamada notificación por el artículo del reglamento supone que las denuncias fueron aceptadas y ahora los magistrados pondrán hacer sus denuncias.

En el caso de Villena, juez federal de Lomas de Zamora, se inició ese trámite por un pedido de la fiscal Cecilia Incardona y otro del titular de la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

La fiscal Incardona advirtió que 4 sumarios fueron iniciados por la Policia de Seguridad Aeroportuaria (PSA) como actuaciones de prevención, cuando “se desprende claramente que se trata de de una denuncia realizada por un particular”. Para Incardona, “ello constituye un acto de gravedad institucional puesto que el magistrado impartió una orden genérica a una fuerza de seguridad, lo cual está fuera de sus funciones como magistrado y, además, impone al personal de la PSA obrar al margen de la ley, omitiendo de ese modo la intervención del Ministerio Público Fiscal y la correcta participación en el proceso penal de la víctima”.

Por su parte, el fiscal Iglesias afirmó que el juez Villena habría cometido sobre supuestas “maniobras procesales destinadas a arrogarse la competencia que no le corresponde, o bien mantenerse al frente de la instrucción, en clara afectación al debido proceso legal y el ejercicio de la acción penal por parte de los fiscales federales”. Y citó expedientes donde estaban siendo investigados “Cristina Fernandez de Kirchner, Karina Moyano, Martín Insaurralde”, entre otros.

Fuentes allegadas a Villena negaron la acusación y adelantaron que el juez responderá al requerimiento de la Magistratura. «Es un vuelto del kirchnerismo judicial por la actuación de Villena en al avión venezolano-iraní», agregaron las fuentes.

Por otra parte, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery formularon una denuncia contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque “por haber negado medidas judiciales para profundizar la investigación sobre Esteban Alvarado, presunto líder narcotraficante de la banda “los Monos” en el año 2013”. “Las decisiones de Bailaque obstaculizaron el avance de la pesquisa contra Alvarado y su banda criminal”, afirmaron los fiscales.

Por otra parte, la comisión de Disciplina de la Magistratura aún no trató el pedido del senador Luis Juez

En una nota, Carrió recordó que la Magistratura había auditado todos los juzgados federales de Comodoro Py y que como consecuencia de ello el juez federal Julián Ercolini investigó y sobreseyó a Lijo. Entonces, Carrió quiere que la Magistratura audite esa causa de Ercolini que benefició al candidato a miembro de la Corte.

Por otra parte, el senador del PRO Luis Juez insistió ante el Consejo de la Magistratura de la Nación que sortee en forma urgente un instructor para los expedientes disciplinarios contra los jueces federales Ramos Padilla y Lijo, entre otros. Sucede que el presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo, el ex diputado K Recalde, mantiene desde hace casi un año, los expedientes sin sortear para nombrar un instructor con el fin, según fuentes de la oposición para que cierren por prescripción a los cuatro años.

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