Tras haber alcanzado quorum en el recinto, los distintos bloques de la oposición intensifican por estas horas sus negociaciones para arribar a un dictamen común que instrumente una nueva fórmula de movilidad jubilatoria distinta a la que impuso el presidente Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024 que dictó en marzo pasado. La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios por el pico inflacionario que se registró en enero pasado, que trepó al 20,6%; el Gobierno solo reconoció el 12,5% en aquel DNU.
El principal punto en común entre los dictámenes de Unión por la Patria, la UCR, Innovación Federal y la izquierda es que se adicione un 8% de recomposición a los haberes jubilatorios por efecto de la inflación por enero pasado. Los bloques opositores dialoguistas y el kirchnerismo pretenden, además, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que permita actualizar mensualmente los ingresos de acuerdo con el índice de inflación publicado por el Indec en combinación con la variación salarial (Ripte). El objetivo es garantizar que los haberes no pierdan su poder adquisitivo en un eventual contexto de caída inflacionaria y suba de los salarios.
Asimismo, ambos proyectos proponen un eventual aumento adicional a aplicarse en marzo de cada año de acuerdo al índice de salarios Ripte: si este indicador es mayor al índice de inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.
Los opositores también coincidieron en que la ley debería garantizar un piso del haber mínimo jubilatorio, el cual no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente es de $250.286 mensuales. Unión por la Patria, sin embargo, advirtió que el valor de esa canasta está por debajo de la suma de una jubilación mínima más el bono ($260.141), por lo que propone que el jubilado y pensionado no debería cobrar menos que el valor de 1,2 canasta básica.
El mayor punto de conflicto, empero, es la insistencia de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal de incorporar una cláusula que contemple el pago de las deudas de la Nación con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional, como así también el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados. En su dictamen proponían echar mano de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero ante la resistencia del kirchnerismo, evalúan otros fondos de financiamiento. Las negociaciones en el recinto están al rojo vivo.
Los libertarios, al igual que Pro, rechazarán este dictamen. Insisten en que solamente se ratifique el DNU presidencial que, en lo esencial, establece la actualización de los haberes previsionales con el índice de inflación, al tiempo que convalida como toda recomposición por la inflación de enero el 12,5%, que ya fue otorgado en abril pasado. El bloque de Pro, si bien reconoce que el Gobierno debería afrontar el pago de los 8 puntos adeudados por la inflación de enero, propone dejar librado al Ministerio de Economía los plazos y la modalidad de esa erogación.
En el arranque de la sesión los opositores aprovecharon el recinto como caja de resonancia para amplificar su embestida contra el Gobierno y, en particular, contra la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello, por su responsabilidad en no haber repartido entre los sectores más vulnerables casi 6000 toneladas de alimentos, acopiados en dos depósitos de su cartera.
Quien arrancó la embestida fue el diputado de izquierda Nicolás Del Caño, que reclamó la interpelación de la ministra en el recinto; si bien el resultado de la votación fue favorable, no se alcanzó el apoyo de las tres cuartas partes de los presentes para incorporar la propuesta en el temario. El resultado de la votación fue 115 votos afirmativos, 87 negativos y 22 abstenciones.
Ante el fracaso de la interpelación, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, propuso que la funcionaria sea citada a las comisiones pertinentes. Como el proyecto no tiene dictamen de comisión, también se requería el voto de las tres cuartas partes de los legisladores presentes para ser aprobado.
“No hay real dimensión del problema, cuanto más oscurantismo haya, más va a incrementar el escándalo, que se da en un momento donde pobreza está por encima del 55% y la indigencia supera el 15%, el doble de hace seis meses –planteó–. Además, se está incumpliendo una manda judicial. Todo esto en medio en el contexto de un ministerio que ya eyectó a su número dos y se suceden las renuncias.”
La propuesta de Martínez no prosperó: el oficialismo y los libertarios votaron en contra, al igual que los bloques de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. La mayoría del radicalismo se abstuvo, salvo los diputados Mario Barletta, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura, que votaron la propuesta de Unión por la Patria. Según anticipó la diputada Karina Banfi (UCR), mañana la Comisión de Salud citará formalmente a la ministra Pettovello.
Fonid y universidades, postergados
Tampoco avanzó el intento del bloque de Unión por la Patria por incorporar en la sesión de hoy los dictámenes que proponen la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el Gobierno a principios de año; tampoco tuvo eco en el recinto su propuesta de incluir en el debate los proyectos sobre financiamiento universitario.
En rigor, la bancada kirchnerista y la izquierda convocaron a una sesión especial para hoy a las 14 para debatir ambos temas. Sin embargo, aprovecharon el quorum alcanzado en la sesión que arrancó a la mañana e intentaron colarlos en el temario. No tuvieron éxito.
“Se quiere hacer un aprovechamiento político para salir en la tele, en las redes –replicó la radical Danya Tavella–. Nosotros hemos defendido a los docentes durante cuatro años cuando ellos [por el kirchnerismo] estuvieron en el gobierno sin hacer absolutamente nada. Tenemos cinco dictámenes diferentes, no hay una postura común, por lo que podríamos arriesgarnos, con un rechazo, a que el tema no se trate durante el resto del año”. La legisladora anticipó que solicitará una sesión especial para el 3 de julio próximo para intentar acercar posiciones hasta esa fecha.