En un giro inesperado, al Gobierno se le complicó el panorama luego de que los senadores por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, anunciaran que no están dispuestos a dar quórum en la sesión convocada para este miércoles a las 10 en el Senado si el oficialismo no acepta cambiar el temario y discutir, antes que la Ley Bases, la reforma fiscal y la recomposición a los jubilados votada el martes de la semana pasada por la oposición en la Cámara de Diputados.
La jugada deja al oficialismo en un escenario con números muy ajustados para poder aprobar ambas iniciativas, ya que tendría sólo 36 votos positivos, la mitad exacta del total de miembros del Senado, lo que obligaría a que Victoria Villarruel use su facultad constitucional de desempate.
A pesar del golpe político que significó el anuncio de los senadores santacruceños, el oficialismo ratificó la convocatoria a la sesión. En gran parte ayudó el anuncio del radical Martín Lousteau (Capital) de que, a pesar de que votará en contra porque presentó un proyecto alternativo al del Gobierno, dará quórum para iniciar la sesión y a la hora de la votación. El presidente del Comité Nacional de la UCR ratificó su voluntad de participar de la sesión en una reunión que mantuvo con Villarruel en el despacho de la presidenta del Senado.
Pero la decisión del oficialismo es una apuesta muy riesgosa si se toma en cuenta que con 36 votos a favor no tiene mucho margen para evitar que la oposición dialoguista le modifique al Gobierno muchos más artículos de los que pensaba ceder antes de que los santacruceños se rebelaran.
En ese sendero de incertidumbre y con severo riesgo de quedar en el camino entrarían artículos clave para el Poder Ejecutivo como la delegación de facultades legislativas, el capítulo de reforma del Estado, las privatizaciones, en particular la autorización para enajenar Aerolíneas Argentinas y el Correo y algunos artículos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La misma suerte correrían la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, la reforma previsional y algunas disposiciones del blanqueo, que forman parte del proyecto de reforma fiscal.
“Hoy la prioridad no es la Ley Bases; hoy la prioridad son los jubilados y creemos que, primero, debemos tratar el tema de jubilados y el paquete fiscal para que, aprobado el paquete fiscal, el Gobierno no tenga ningún excusa para pagarle a los jubilados”, anunció Carambia en un video que grabó junto a su comprovinciana.
Los legisladores le piden al resto de los senadores “que no den quorum” en la sesión y, además, exigen postergar el debate de la Ley Bases, principal proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, hasta que la Cámara de Diputados ratifique los cambios introducidos por el Senado a la reforma fiscal.
“La única seguridad de que van a cumplir es si primero se trata la reforma fiscal, pasa a la cámara de origen, se ratifica lo que aprobamos en el Senado; sino, no hay ningún tipo de seguridad de que cumplan con los pactos y los acuerdos”, agrega Carambia en el video.
Tras mantener silencio público durante casi dos semanas, los santacruceños se pronunciaron a escasas horas del inicio de la sesión. Fue el corolario de horas de nervios y tensión durante los que se negaron en redondo a responder los llamados de los negociadores del Gobierno con la intención de sondear cómo van a votar o escuchar sus nuevas demandas, en caso de que las tuvieran. De hecho, a media tarde se encontraba el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, instalado en el Senado esperando para hablar con los patagónicos.
En el Gobierno daban por descontado que los santacruceños iban a votar, al menos en general, la Ley Bases luego de que Carambia estampara su firma, aunque en disidencia, en el dictamen de comisión, el pasado 29 de mayo. De hecho, el senador avaló el despacho luego de que el por entonces flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aceptara introducir en la iniciativa un artículo que aumentaba las regalías mineras para las provincias del 3% al 5%.
Sin embargo, tanto Carambia como Gadano se han encargado de comentar en privado y en encuentros con otros senadores que el compromiso que asumieron a cambio de las regalías mineras era el del firmar el dictamen, que ellos siempre dijeron que iban a votar en contra de la Ley Bases.
En el video, Carambia justifica su actitud en una eventual traición del Gobierno al acuerdo que alcanzaron hace dos semanas con Francos. “Esta es una gran trampa legislativa; una vez que se apruebe en general, por más cambios que se hagan, (el proyecto) va a volver a Diputados, que puede ratificar el texto original y todos los cambios que hagamos los senadores van a ser en vano”, dijo.
“Estamos sufriendo presiones del Gobierno nacional y hoy están queriendo cambiar el artículo de minería; sabemos que hay un lobby muy grande de las mineras”, agrego Carambia.
La actitud de los santacruceños puso en tensión a las huestes oficialistas y provocó preocupación en algunos despachos de la oposición dialoguista, en la que se miró con ojo crítico sus idas y vueltas. “Es poco serio lo que están haciendo, todo el mundo entendió que la firma en disidencia implicaba su apoyo en general a la ley; están corriendo el riesgo de que no se los pueda tomar en serio para futuras negociaciones políticas”, evaluó un senador radical que también tiene más modificaciones al proyecto, pero que las planteará en el debate en particular, una vez que la iniciativa ya se encuentre aprobada en general.
Como si esto fuera poco, en las últimas corrió como reguero de pólvora un documento de Cancillería en el que se pide al Senado que le remita un dictamen jurídico sobre la senadora Lucila Crexell (Neuquén) como parte de su eventual designación como embajadora ante la Unesco.
El documento es un acto previo, no es el diploma con el que se pide acuerdo al Senado para designarla al frente de una representación diplomática, pero no hace más que confirmar las versiones que involucraban a la legisladora en una supuesta maniobra de canje de su voto a favor de los proyectos del Gobierno por su designación en el organismo para la educación, la ciencia y la cultura de la ONU con sede en Paris.
“Están tratando de amedrentarme para que no vote la ley bases”, afirmó Crexell en declaraciones periodísticas, adjudicando la difusión del documento a una operación destinada a presionarla. “Si pensaban que con esto me iban a amedrentar lo único que han logrado es fidelizar mi voto, mi compromsio asumido”, agregó la senadora, confirmando que apoyará la Ley Bases.
En ese sentido, Crexell explicó que su voto a favor lo había coordinado con el mandatario de su provincia, Rolando Figueroa, antes de que se conociera su nominación para la Unesco. “Es una cuestión que acordé con el gobernador, que íbamos a votar en general y que en particular teníamos algunas disidencias”, dijo.
La versión de su eventual nombramiento como embajadora, que se conoció el jueves de la semana pasada, nunca fue desmentida por la legisladora, que en las últimas horas fue objeto de las advertencias de un miembro de la conducción del bloque de Unión por la Patria, que le habría dicho que la iban a denunciar penalmente por el delito de dádivas por haber “vendido su voto”. Además, le advirtieron que, en caso de concretarse su designación como embajadora, no le aprobarán el pliego cuando sea discutido en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.