El Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader), integrado por el ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff, entre otros, y representado por el abogadoTomas Farini Duggan, pidió al juez Sebastián Ramos y al fiscal Carlos Stornelli la indagatoria del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad.
En un escrito, Farini Duggan reclama que se efectivice la citación del autócrata venezolano “bajo apercibimiento de disponer su captura internacional en caso de no presentarse sin debida justificación” ante la justicia argentina.
El letrado reiteró la jurisdicción universal para los crímenes contra la humanidad basándose en un fallo de la Cámara Federal, el Tratado de Roma y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Recordó que la Cámara Federal porteña estableció que “los hechos denunciados deben ser investigados por el Tribunal, pues se trata de crímenes sujetos a la jurisdicción universal, y de conformidad con el derecho interno, el juez Ramos debe investigarlos, incluso pese a que han sido cometidos en el extranjero, por extranjeros y contra extranjeros”.
Los delitos que señala el abogado fueron descriptos por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas (ONU) que dirigió la ex presidente de Chile Michele Bachelet y los acusados son Maduro y los mandos altos, medios y bajos de su gobierno.
Esos informes documentan y describen la forma en que en Venezuela han ocurrido violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, cometidos por los grupos de seguridad. Las ejecuciones extrajudiciales tuvieron como principales víctimas hombres jóvenes, los cuales se determinó fueron asesinados luego de estar bajo la custodia de las fuerzas de seguridad, dice el abogado en su presentación.
“Se documentaron casos de abuso sexual y torturas cometidas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuerpo que en múltiples oportunidades se negó a liberar a los detenidos a pesar de tener órdenes para hacerlo, así como casos de tortura que incluyeron amenazas de violación, acoso, asfixia y electrochoques. Hay evidencia de que estos actos fueron realizados bajo la supervisión de sus oficiales al mando, quienes también tienen responsabilidad”, agregó.
En el primer informe de la ONU “se revisaron más de 400 ejecuciones extrajudiciales y se seleccionaron 18 para demostrar lo que ocurre en Venezuela”, finalizó.