En medio del escenario complicado para el Gobierno para aprobar su pliego, el juez federal Ariel Lijo respondió con un escrito ante la comisión de Acuerdos del Senado las impugnaciones por presuntas irregularidades en expedientes judiciales a su cargo. También lo hizo Manuel García Mansilla. Ambos candidatos a la Corte Suprema presentaron los descargos este domingo, en la fecha límite para hacerlo, en un adelanto de los argumentos que expondrán en las audiencias públicas.
Incluso por senadores libertarios como Francisco Paoltroni, Lijo fue cuestionado en la causa de la consultora The Old Fund, a cargo de Alejandro Vanderbroele -señalado como testaferro de Amado Boudou-, por una presunta maniobra para favorecer al gobernador Gildo Insfrán al declararse incompetente y remitir el expediente a la Justicia Federal de Formosa.
Según publicó La Nación, Lijo reconoció que tomó la decisión “a partir de un planteo de la defensa” y alegó que la medida fue tomada “con control de de la Cámara de Apelaciones que por otra parte afirmó la indudable incompetencia territorial de esta sede de la ciudad de Buenos Aires y declinó la competencia a la Justicia Federal de la provincia”.
Sobre la causa AMIA, Lijo aseguró que los cuestionamientos le provocaron “un gran pesar” en tanto consideró que el juzgado a su cargo cumplió una “gran labor” y ponderó la elevación a juicio oral al ex juez federal Juan José Galeano, los fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia, Hugo Anzorreguy -ex titular de la SIDE-, Rubén Beraja -ex presidente de la DAIA- y el abogado Víctor Stinfale, entre otros.
En cuanto a las impugnaciones vinculadas a la causa Correo Argentino, sobre las presuntas irregularidades en el acuerdo durante el gobierno de Mauricio Macri por la deuda de la empresa familiar del ex presidente -luego revocado como consecuencia del escándalo-, el candidato propuesto por Javier Milei al máximo Tribunal consideró que “se encuentran sesgadas y vinculadas con la proyección mediática del caso”.
“La complejidad y cantidad de maniobras económicas denunciadas implicó el análisis técnico por parte de expertos de diferentes disciplinas e instituciones y la producción de un gran volumen documental”, buscó fundamentar la demora en el trámite de la causa, y argumentó que el expediente pasó por la Corte entre 2019 y 2023.
Como contó Clarín, en la previa a las audiencias públicas -Lijo deberá presentarse el 21 de agosto y una semana después lo hará García Mansilla-, el oficialismo no tiene por el momento un panorama allanado en cuanto a las firmas para obtener el dictamen para avanzar con el pliego del juez federal, una condición necesaria para llevar la postulación al recinto.
La Comisión de Acuerdos tiene 17 miembros, por lo que se necesitan nueve votos a favor para el despacho de mayoría. La preside la larretista Guadalupe Tagliaferri, que por ocupar ese lugar no adelantó su posición, y la integran senadores que no acompañarían como Beatriz Avila (PRO) y los radicales Pablo Blanco y Carolina Losada. En Unión por la Patria, a la espera de que el Gobierno inicie una negociación, aguijonearon con que la obligación de conseguir el dictamen será del oficialismo y transmitieron dudas sobre si tendrá las firmas.