La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo que auditará las cuentas de las universidades públicas según determinó este martes el Gobierno, es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo y, lógicamente, de todos los ministerios y organismos que lo integran. A diferencia de la Auditoría General de la Nación, que es conducida por la oposición, depende en última instancia de la Presidencia.
La institución está presidida por Miguel Blanco, un auditor con más de 30 años de trayectoria en el rubro, en empresas de auditoría como Pricewaterhouse pero también en sociedades de bolsa. «Es uno de los mejores 20 auditores de la Argentina», lo ensalza un ministro consultado.
En el ejercicio de su función, resultan fundamentales para la SIGEN las evaluaciones que realizan las distintas unidades de auditoría interna. Tiene por obligación poner en conocimiento del Presidente los actos que hubiesen acarreado o estime puedan generar significativos perjuicios para el patrimonio público.
El organismo, además, tiene como misión el dictado y la aplicación de normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con la AGN, que depende del Congreso.
También la SIGEN debe supervisar la aplicación, por parte de las unidades correspondientes, de las normas de auditoría interna y coordinar la realización de estudios profesionales de auditores independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, que así lo requiera.
Asimismo, tiene que ejercer las funciones del artículo 20 de la Ley 23.696 en materia de privatizaciones, sin perjuicio de la actuación del ente de control externo.
La SIGEN también incluye a la «Red Federal de Control Público» que tiene como finalidad controlar, en todo el país, el desempeño de los programas sociales implementados por Capital Humano.
La Red integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoría nacional, provincial y municipal. Además, garantiza la cobertura del control por medio de relevamientos y acciones directas en los lugares donde se implementan las políticas sociales.
Justamente este martes, a través de un dictamen de la Procuración del Tesoro que anuló una resolución del ex procurador kirchnerista Carlos Zannini, autorizó a la Sindicatura General de la Nación a auditar a las universidades nacionales, en medio del conflicto desatado por el veto presidencial a la ley que reforzaba el financiamiento del sector.
«Se solicita a este organismo asesor se expida nuevamente y en forma específica, sobre el alcance de la aplicabilidad a las universidades nacionales del sistema de control interno que impone la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en adelante Ley de Administración Financiera», indica el escrito del cuerpo de abogados del Estado que lidera Rodolfo Barra y luego refiere al anterior dictamen 323.407 en el que se «las consideró excluidas de dicho régimen pero sin opinar acerca de cual sería el mecanismo para controlar internamente el uso de los fondos públicos que reciben».