Tras las fugas de presos que se registraron en las últimas semanas, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, echó este domingo al asesor de su cartera, Sebastián Vela, y al director de Alcaidías de la policía de la Ciudad, comisario mayor Adrián Ochoa. En ese sentido, fue contundente con ambos funcionarios al remarcar que «no hay excusa» para que los detenidos hayan escapado.
«El incremento de la población carcelaria en un 35% (de 1700 a 2300) y de tener aún 320 condenados que no deberían estar bajo el cuidado de Ciudad en lugares de alojamiento que no cumplen con las medidas de seguridad mínimas, no son una excusa para impedir que los detenidos se escapen«, sostuvo el ministro.
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De esa manera, informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que, «tras las fugas en Barracas y el Centro de Contraventores», tomó la decisión «de echar al responsable civil del Ministerio junto con el director de Alcaidías de la policía de la Ciudad más allá de la correspondiente investigación en curso».
Asimismo, agregó: «Desde el mes de mayo, cuando creamos la Dirección, logramos que no hubiera ninguna evasión desde las alcaidías. No obstante ello, tras el anuncio del traspaso del Servicio Penitenciario ocurrieron los dos hechos que aquí menciono».
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En ese sentido, el pasado mayo, el Ministerio de Seguridad anunció cambios en la cúpula de la policía de la Ciudad, con las asunciones de Pablo Kisch como jefe y de Jorge Azzolina como subjefe. Sumado a esto, y entre otras cuestiones, se creó la Dirección Autónoma de Alcaidías de la fuerza porteña y fue designado en el cargo el comisario mayor Ochoa.
«Seguiremos siendo inflexibles con cada uno de los funcionarios, civiles y policiales que no hagan su trabajo como corresponde», cerró el ministro Wolff, luego de dar a conocer los despidos de Vela y Ochoa.
Las fugas de presos que desencadenaron los despidos
Una fuga masiva de detenidos sacudió la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió el 11 de noviembre en la alcaidía de la policía porteña ubicada en Barracas, cercana a Villa Zabaleta. Un total de once reclusos lograron escapar durante un corte de electricidad que dejó el predio a oscuras, permitiéndoles burlar el sistema de seguridad y huir por el techo de la comisaría a través de una claraboya.
Dos de los prófugos fueron recapturados: Néstor Iván Benítez (33), cuando había ido a buscar a su pareja víctima de violencia de género, y Néstor Birraglia (52), que intentaba cometer una salidera. Mientras continúa la búsqueda de los restantes, cuatro policías fueron sumariados por el hecho que puso en vilo a la gestión de Jorge Macri, cuestionada por las condiciones carcelarias de su jurisdicción.
Se trata del segundo escape de grandes proporciones en menos de un mes. A principios de noviembre, cuatro detenidos se fugaron desde el anexo de la Alcaidía 4, ubicada en el barrio de Nueva Pompeya. En agosto de este año, otros dos detenidos lograron evadir la custodia en la comisaría 12C de Villa Urquiza, utilizando herramientas para limar los barrotes y escapar por una ventana.
Estos episodios se sumaron a las tres fugas masivas de detenidos en comisarías porteñas de principio de año, un hecho que las autoridades locales indicaron que se debió a la superpoblación de sus cárceles y la incapacidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para recibir a detenidos con condenas firmes.
El incidente ocurre en un contexto de creciente tensión respecto a las condiciones carcelarias en la Ciudad de Buenos Aires. La infraestructura de las comisarías y alcaidías porteñas no está diseñada para alojar a reclusos por períodos prolongados. En el caso de la Alcaidía 4 Bis, donde ocurrió el hecho, el espacio está destinado al alojamiento transitorio de detenidos durante un máximo de 72 horas.
Por otro lado, la fuga de detenidos ocurrió apenas días después de que Macri anunciara un acuerdo con el Gobierno nacional para traspasar el control del SPF en el ámbito porteño, en el que la cárcel de Devoto jugará un papel clave. Este acuerdo se da en medio de la creciente preocupación por la superpoblación en las comisarías y alcaidías de la policía porteña.
En la actualidad, más de dos mil personas se encuentran detenidas en las comisarías porteñas, el doble de la capacidad que el sistema penitenciario tiene habilitada para alojar internos. Según las autoridades, estas instalaciones no cuentan con la infraestructura adecuada para alojar a los reclusos de manera segura ni para ofrecer condiciones mínimas de bienestar, lo que genera una sobrecarga en el sistema y aumenta el riesgo de incidentes como fugas masivas.
El Gobierno prorrogó la «emergencia penitenciaria»
En ese contexto, el Gobierno nacional prorrogó por dos años la emergencia penitenciaria, según consta en la Resolución 254/2024 del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. La normativa confirmó que la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria —el organismo que coordina las dependencias estatales sobre asuntos penitenciarios— seguirá activa, pero bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios.
En esa línea, se le dio la orden de trabajar en «la elaboración y estudio de propuestas de reformas u otras políticas públicas que permitan resolver la situación de emergencia», por lo cual también se determinó ampliar la cantidad de miembros de ese comité para hacer más rápidos los tiempos laborales y avanzar en una temática que lleva años sin encontrar respuesta.
A lo largo del texto, la cartera de Seguridad advirtió que «las circunstancias objetivas que motivaron la declaración de la emergencia penitenciaria en los años 2019 y 2022 no se han modificado, antes bien, se han profundizado«.