La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires por el operativo de control de alcoholemia a funcionarios de la Embajada de Rusia. Patricia Bullrich avaló el accionar de los agentes porteños y advirtió que no se violó la Convención de Viena.
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El test de alcoholemia que policías porteños intentaron realizar a diplomáticos rusos generó cortocircuitos internos en el oficialismo, donde aparecen posturas encontradas. Mientras la ministra de Seguridad Patricia Bullrich respaldó el control policial, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Marcela Pagano presentó una denuncia por un posible complot.
Escala el conflicto diplomático con Rusia a partir de una denuncia penal presentada por Pagano, contra funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) y abuso de autoridad (art. 249 del Código Penal).
La legisladora, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con la Federación de Rusia en la Cámara de Diputados, denunció penalmente a Darío Antiñolo, Subsecretario de Tránsito; y Leandro Ricciardi, Director General del Cuerpo de Agentes de Tránsito «que podrían tener intervención antes, durante o después de los hechos, sea para la comisión de ilícitos, para destruir medidas de prueba o encubrir hechos delictivos».
La postura de Patricia Bullrich
La denuncia penal aparece el mismo día en que Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, salió a confirmar que los agentes de tránsito de CABA no violaron la Convención de Viena en relación a las inmunidades de diplomáticos a la hora de intentar realizar el control de alcoholemia a dos funcionarios de la Embajada rusa. «El control de tránsito no es un hecho policial. La fiscalía, en flagrancia, no dejó que se secuestren los autos de acuerdo a la Convención de Viena, los autos no fueron secuestrados. También hubo un respeto porque en ningún momento se entró en los autos. En ningún, momento si bien fue un proceso largo, se violó la Convención de Viena», sostuvo la ministra este jueves en declaraciones a la prensa.
Ante la resistencia de los diplomáticos Sergei Baldin y Cardmath Solomatin tomó intervención la Cancillería que se puso en contacto con Bullrich para enviar al departamento de seguridad diplomática de la Policía Federal Argentina para desplazar la actuación de los agentes de tránsito de la Ciudad y escoltar a los funcionarios extranjeros hasta su embajada. Al tratarse ahora de un conflicto entre dos países, y luego de la queja de Rusia por el operativo de control de alcoholemia, el conflicto quedará bajo la competencia de la justicia federal.
Si bien la Convención de Viena otorga inmunidad de arresto y de sometimiento a un juicio penal en el país, además de la libertad de circulación, no exime a los diplomáticos de cumplir las normas de tránsito. La circular diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto número 18 del 2022 notifica a las representaciones diplomáticas y consulados en el país que «los funcionarios diplomáticos, en lo que a materia de circulación vehicular se refiere, tienen las mismas obligaciones que todos los ciudadanos y residentes en la Argentina».
Marcela Pagano denuncia
Sin embargo, la diputada Pagano en su denuncia penal plantea que el control a los diplomáticos rusos sobre la avenida Libertador «pudo haber sido un episodio planificado con la única finalidad de afectar las relaciones de nuestro país con una potencia extranjera. En el contexto actual, la violación de convenciones internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas resulta especialmente inoportuna y preocupante, dado el complejo escenario en el que Argentina está exigiendo que otros Estados respeten los derechos de sus ciudadanos en el extranjero».
Pagano arena en los considerandos de su escrito que «casos como el del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, subrayan la relevancia de la reciprocidad y del respeto mutuo en las relaciones diplomáticas». «Actuar de manera contraria pone en riesgo la legitimidad de los reclamos que el Estado argentino realiza en foros internacionales», dice. Y advierte que en el caso específico de Gallo, cualquier “negligencia” por parte del gobierno argentino en respetar la inmunidad diplomática podría ser utilizada como un argumento por otros Estados para justificar o relativizar sus propios incumplimientos.