En el corazón del conflicto por los territorios ancestrales del Puelmapu, la comunidad mapuche Lof Pailako enfrenta un inminente desalojo ordenado por la Administración de Parques Nacionales (APN), bajo la dirección de Cristian Larsen. Este caso no solo expone la violencia estatal contra las comunidades mapuche, sino también el trasfondo de intereses inmobiliarios, extractivistas y políticos que amenazan la biodiversidad y los derechos humanos en la región.
Hoy en la CABA, referentes de comunidades indígenas, la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, organismos de derechos humanos como la Gremial de Abogados, la APDH, el EMVYJ y diputados del Frente de Izquierda se manifestaron en la sede central de Parques Nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, exigiendo que se inicie una mesa de diálogo para resolver el conflicto y evitar el desalojo contra la comunidad mapuche Lof Pailako. Durante más de una hora y media, las y los manifestantes permanecieron en el hall del edificio, esperando una respuesta de las autoridades. Sin embargo, nadie de la APN se presentó, dejando en claro el desprecio al reclamo colectivo y multisectorial en solidaridad con la Lof Pailako que se está dando de manera múltiple en varios puntos del país.
El reclamo ancestral y la respuesta estatal
Cruz Cárdenas y Belén Salina, descendientes de antiguos pobladores del lago Futalafken, regresaron en 2020 al territorio del que sus ancestros fueron expulsados. Desde entonces, han enfrentado una campaña de hostigamiento por parte del gobierno de Ignacio Torres de Chubut y de la APN, que incluye acusaciones infundadas de vandalismo e incendios forestales.
El juez federal Guido Otranto, tristemente célebre por su manejo del caso Santiago Maldonado, habilitó recientemente el desalojo de la comunidad. La orden se basa en la Ley 22.351, una normativa de la última dictadura militar que criminaliza a las comunidades indígenas como “intrusos” en sus propios territorios sin derecho a defensa. Distinta suerte transita el inglés Joe Lewis quien usurpa desde hace décadas Lago Escondido violando toda legislación argentina con la complicidad de todas las instituciones estatales.
Es evidente que esta orientación contra la Lof Pailako por parte de todos los poderes tanto de Torres, Larsen y Otranto alineados con el gobierno negacionista de Milei tiene como objetivo disciplinar a todas las comunidades originarias de la Patagonia.
Racismo institucional y extractivismo
Cristian Larsen, presidente de la APN, no oculta su desprecio hacia la comunidad. En redes sociales, llegó a referirse a Cruz Cárdenas como “un delincuente disfrazado de mapuche”. El vocero presidencial, Adorni en conferencia de prensa anunció que bajo gestión libertaria, se prohíbe la presencia de la Wüñellfe y la Whipala en los parques nacionales, argumentando que solo debe flamear la bandera argentina.
Mientras tanto, los intereses extranjeros inmobiliarios, mineros y forestales avanzan sobre el Puelmapu. El gobierno no solo impulsa desalojos, sino que su funcionario de APN, Larsen, también está envuelto en denuncias de corrupción y despilfarro. Mientras miles de hectáreas de bosque nativo arden, él protagoniza almuerzos de lujo de 400 mil pesos equivalentes al salario miserable de los brigadistas que están en primera línea exponiendo sus vidas para frenar los incendios en el Parque Nacional Nahuel Huapi, sin recursos, sin personal frente a los 600 despidos y precarizados. Por eso la presencia de la Lof Pailako y el pueblo mapuche-tehuelche, en general constituye un obstáculo para estos planes ecocidas y proyectos extractivos, ya que la comunidad defiende el bosque nativo frente a incendios intencionales y la explotación desenfrenada.
El peso de la historia
Argentina es el único país miembro de la ONU que votó en contra de una resolución a favor de los derechos de las naciones indígenas. Además, el gobierno derogó recientemente la Ley 26.160, que suspendía los desalojos hasta 2025 y obligaba al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a realizar relevamientos territoriales.
El desalojo de la Lof Pailako no sólo contradice los compromisos internacionales asumidos por Argentina, como el Convenio 169 de la OIT, sino que refuerza un patrón histórico de violencia, racismo y despojo hacia los pueblos originarios.
Un llamado urgente
Este conflicto pone en evidencia la necesidad de replantear las políticas territoriales y ambientales en Argentina, priorizando la preservación de los ecosistemas y el respeto por los derechos de los pueblos originarios.
El desalojo de la Lof Pailako no solo es un ataque contra una comunidad, sino un recordatorio de que la lucha por el territorio y la identidad cultural es también una batalla por el futuro del planeta.