Así lo plantearon en Casa de Piedra en la sesión legislativa del pasado miércoles 26/03 los diputados provinciales Miguel López, Natalia Morales y Gastón Remy sosteniendo que estaba visto que ante los destrozos por constantes precipitaciones y también desinversión estatal en mantenimiento y obras públicas hacen falta medidas de emergencia pero no un cheque en blanco para la contratación de empresas privadas que siempre hacen la diferencia en base a que anteriormente se desfinanciaron los recursos estatales como las máquinas y el parque automotor de las direcciones de Recursos hídricos y vialidad provincial, a cargo del Ministerio de Infraestructura. El bloque oficialista de la UCR-FCJ con la anuencia del PJ se aprestaba a votar una Ley emergencia hídrica sin hacerse cargo que esta situación generada previamente, que también se dio por la falta de presupuesto nacional debido al ajuste de Milei pero también a la paralización de obras y la falta de mantenimiento de maquinarias y parque automotor de infraestructura fue política de la gestión Sadir y de los últimos años de la gestión de Morales, cuando a la par de estas medidas de ajuste a este ministerio y direcciones claves para prevenir tragedias y destrozos se anuncia superávit fiscal.
Miguel López señaló «los destrozos por precipitaciones constantes, temporales, crecidas de ríos o inundaciones vienen desde hace casi una década, después de los destrozos en Volcán y Tilcara por desmoronamiento e inundaciones, el gobierno provincial exhibió en 2017 una importante compra de maquinaria pesada y vehículos para Recursos hídricos, vialidad y el Ministerio Infraestructura, recursos que hoy no sabemos en que condiciones están, ya que ni siquiera con todos estos recursos se pudo prevenir el desmoronamiento por crecidas del puente del Río Zora y parte de la ruta 34 en este tramo, el desmoronamiento de más de 50 metros de la defensa del rio San Lorenzo y, más aquí en el tiempo, las grietas en el puente Río negro III, debido a la erosión que generan sobre las bases el cauce del rio y el sedimento que arrastra en verano, y el desmoronamiento del puente y ruta a la altura del barrio Huaico de San Salvador de Jujuy, por lo que a diferencia de lo que dicen funcionarios del gobierno provincial no estamos hablando solo de un fenómeno climático que nos azota y encontrándonos de imprevisto nos lleva a destrozos y peligro de tragedias, más bien estamos hablando de un ajuste presupuestario que ha imposibilitado prevenir, haciendo mantenimiento y obras públicas básicas, a la población, que necesita resguardo y mejorar las condiciones de vida».
La diputada provincial Natalia Morales también se pronunció ante la problemática agregando «no podemos permitir que la emergencia sea un cheque en blanco a un gobierno provincial que expone a pueblos al desmoronamiento de caminos y rutas, dejando a comunidades indígenas pastoras y campesinas incomunicadas, y a docentes teniendo que caminar kilómetros para llegar a dar clases, que lejos de ser sólo un acto que muestra la vocación por enseñar de estas y estos maestro también da cuenta la falta de condiciones básicas que genera el ajuste económico del gobierno provincial de Sadir en materia de infraestructura, a tono con el ajuste del gobierno nacional de Milei».
Por último, Gastón Remy, esgrimió «queremos que den informe desde el ministerio de infraestructura porque sabemos que el gobierno nacional de Milei destino al gobierno provincial 0 pesos para obras hídricas, entonces la emergencia que se decreto primero y luego se votó en la legislatura provincial no habla solo de desastre generados por el cambio climático y las precipitaciones más constante en menos tiempo, sino de una desinversión del gobierno nacional en materia de obras para la provincia y de un gobierno provincial que actuó igual todo este tiempo no destinando parte del superávit a obras y mantenimiento de la infraestructura que esta visto se cae pedazos no hablemos ya de ante un temporal o alud, sino solo antes constantes precipitaciones que provocan crecidas de ríos, arroyos y canales que generan erosión, fisuras y desmoronamiento de puentes. Por eso decimos que hace falta una emergencia pero en esta tiene que estar claro con que recursos se cuenta, que obras se van a realizar y estas tienen que estar controladas por comités de trabajadores y vecinos, para que se respeten las condiciones de trabajo del sector, que vienen denunciando precarización extrema, para que se hagan obras de urgencia para las mayorías populares y trabajadoras y para evitar desinversion de recursos de las direcciones y ministerio, que se evidencia en deterioro de maquinaria y parque automotor que denuncian los trabajadores de estas áreas, permita que empresas privadas del rubro hagan un gran negocio»