El empresario Lázaro Báez, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como Ruta del dinero K, fue trasladado a la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal N°4 de Comodoro Py, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia.
Hasta el momento de su traslado, Lázaro Báez cumplía prisión domiciliaria en una casa de El Calafate, Santa Cruz. Sin embargo, el tribunal dispuso su detención inmediata, instruyendo a Gendarmería Nacional para que lo trasladara a una cárcel común.
El operativo se llevó a cabo con discreción. Dos camionetas de Gendarmería, con siete uniformados, escoltaron el traslado del empresario, quien fue llevado a la Unidad 15 de Río Gallegos, una cárcel de mediana seguridad con capacidad para 118 internos.
Uno de los puntos clave en la ejecución de la sentencia fue el cómputo del tiempo que Báez lleva detenido. El empresario estuvo en la cárcel de Ezeiza desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019, cuando fue liberado y pasó a prisión domiciliaria por otra causa de lavado de dinero relacionada con la compra del campo El Entrevero en Uruguay.
El fiscal Abel Córdoba sostuvo que Báez aún debe cumplir seis años, seis meses y 22 días de prisión efectiva. Sin embargo, la defensa del empresario, encabezada por Juan Villanueva, argumentó que el tiempo de detención domiciliaria debería computarse dentro de la condena principal, lo que reduciría el período restante.
La condena de Báez se basa en su rol como líder de una estructura financiera y societaria utilizada para blanquear más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. La maniobra incluyó operaciones de compensación y compras simuladas de bonos y acciones, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero.
Impacto
Uno de los puntos clave en la investigación fue la financiera SGI, conocida como «La Rosadita», donde se manipulaban grandes sumas de efectivo. Finalmente, la Justicia determinó que Báez era el verdadero dueño del dinero, oculto a través de testaferros y operaciones complejas.
El traslado de Lázaro Báez se produce en un contexto de intensa actividad judicial, luego de que la Corte Suprema también dejara firme la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad. La decisión de revocar el arresto domiciliario de Báez refuerza la postura de la Justicia en la ejecución de sentencias por corrupción y lavado de dinero, marcando un precedente en casos de alto perfil.
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