La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dictó este lunes una nueva resolución desfavorable para la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF. En su escrito, rechazó el pedido del Gobierno para suspender la orden que dispone la transferencia de acciones de la petrolera estatal a Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos para litigar en esta causa.
El Ejecutivo ya anticipaba un fallo adverso y presentó una apelación ante la Cámara correspondiente, en un intento por frenar la ejecución del fallo original de septiembre de 2023, que lo obliga a pagar USD 16.000 millones.
Sin embargo, el rechazo de Preska representa un duro golpe en su estrategia legal, ya que la jueza fue especialmente crítica con la postura argentina: acusó al país de intentar “eludir sus obligaciones” y de haber aprovechado “al máximo” la prórroga que se le había otorgado sin hacer esfuerzos reales para cumplir con las condiciones impuestas.
“El supuesto daño irreparable que alega la República se deriva directamente de sus propias acciones al retrasar e intentar evadir sus obligaciones en virtud de la sentencia”, escribió Preska, en un texto que no dejó margen a interpretaciones.
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¿Desacato?
El riesgo de que Argentina sea declarada en desacato sobrevuela el caso, aunque por ahora esa medida depende de que lo soliciten los demandantes. De todos modos, los especialistas advierten que un desacato en la actual situación internacional del país tendría consecuencias mucho más graves que en 2014, cuando ocurrió una situación similar durante la presidencia de Cristina Kirchner.
En aquel entonces, la economía argentina estaba más aislada y el impacto fue limitado. Hoy, la exposición en los mercados es mayor y el posible embargo de activos genera preocupación en el oficialismo.
“Hay que agotar todas las vías legales, pero también hacer control de daños. No es una señal de debilidad sentarse a negociar. Al contrario, es mostrar voluntad de resolver un conflicto”, opinó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y uno de los analistas que más sigue de cerca el litigio.
Mientras tanto, el Gobierno continúa su camino judicial en paralelo con la apelación de fondo que discute la validez de la condena por USD 16.000 millones. Esa causa se encuentra en un circuito diferente y recién se espera una resolución para el año próximo. No obstante, la sentencia ya está firme y Burford busca cobrar, por lo que la jueza ordenó la transferencia de acciones.
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Audiencia por los alter ego
En este contexto, Preska también convocó a una audiencia clave para este martes 15 de julio, donde se debatirá el pedido de los demandantes para obtener información sobre empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central. El objetivo de esa audiencia es evaluar si estas entidades pueden ser consideradas “alter ego” del Estado y, por lo tanto, susceptibles de ser embargadas para saldar la deuda.
Argentina busca evitar ese escenario a toda costa, mientras se prepara para sostener su defensa ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Y si la situación no se revierte allí, el camino final podría ser la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para el Gobierno, extender los plazos y mantener abierta la negociación es, por ahora, la prioridad.
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