Tras la decisión del gobierno nacional de bajar las retenciones agropecuarias, un informe reciente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) explica que equivaldría al 0,2% del PBI. Si bien la decisión bien resulta un alivio muy marginal para la producción, implicará un enorme esfuerzo fiscal para el Estado en tanto representa dos tercios del superávit financiero.
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«Resulta muy contradictorio que un tenue alivio para la producción y solo para el sector agroexportador sea un escollo tan grande para las finanzas públicas nacionales», alertaron desde el instituto cordobés.
Y en su trabajo argumentan que «para ir más rápido hacia la eliminación de los impuestos que quitan competitividad a la producción nacional se necesita un ordenamiento más integral que involucre a los gobiernos provinciales».
Desde IDESA reconocen claramente el efecto distorsivo de los derechos de exportación sobre la producción, en tanto han desalentado fuertemente la producción en los últimos años. Por caso, a comienzo de siglo la Argentina tenía una producción de granos similar a la de Brasil, mientras que en la actualidad es menos de la mitad.
Sin embargo, el trabajo señala que «el problema no son sólo las retenciones, sino que, junto con ellas, el Estado apela a otros tributos distorsivos que también dañan la competitividad de la producción nacional».
En efecto, el estudio explica que la presión tributaria nacional, provincial y municipal alcanza a aproximadamente el 28% del PBI. Dentro de ella, según el Ministerio de Economía para el 2024, se observa que:
El Estado nacional aplica derechos de exportación por el 1,0% del PBI y el impuesto al cheque por el 1,6% del PBI.
Las provincias aplican el impuesto sobre los Ingresos Brutos y el impuesto a los Sellos con los que recaudan aproximadamente el 3,9% y 0,4% del PBI, respectivamente.
Los municipios aplican tasas a las ventas con los que estarían recaudando no menos del 0,5% del PBI.
«Estos datos muestran que los impuestos que más dañan la competitividad representan aproximadamente el 7,4% del PBI, o sea, más de 1 de cada 4 pesos que recaudan los tres niveles del Estado», explicaron.
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En cuanto a la propuesta, desde IDESA explican que «una estrategia más integral permitiría eliminar los malos impuestos, preservando el equilibrio fiscal, a ritmos más acordes con lo que demanda la producción».
Y allí destacan que, por ejemplo, «la baja en los derechos de exportación generará aumentos en la recaudación de otros impuestos, como Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales. Esto va a compensar parcialmente las pérdidas de ingresos del Estado nacional. Para las provincias y sus municipios implicará mayores recursos por aumento en la coparticipación y recaudación de impuestos propios. Por lo tanto, se debería haber acordado que estos ingresos adicionales se destinen a reducir impuestos provinciales y municipales que dañan la competitividad».
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En efecto, aducen que la producción agropecuaria, no solo sufre pérdidas de competitividad por derechos de exportación, sino también porque paga insumos más caros debido a que en su precio están incluidos Ingresos Brutos, Impuesto sobre los Sellos y tasas municipales.
Finalmente, el instituto que coordina Jorge Colina argumenta que con una estrategia de ordenamiento integral del sistema tributario se puede ir mucho más rápido hacia el objetivo de eliminar impuestos distorsivos sin comprometer el equilibrio fiscal. «Para ello hay que ampliar el enfoque y, lo más desafiante, involucrar a los gobiernos provinciales. El ejemplo más ilustrativo es que, en base a un acuerdo de la Nación con un grupo mayoritario de provincias, se podría eliminar (no solo reducir) Ingresos Brutos y tasas municipales sobre las ventas creando el Super-IVA».
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