Una semana después de que el Ministerio de Justicia de la Nación anunciara la postergación de la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, remitió una nota al Gobierno señalando que los términos del comunicado oficial eran “ambiguos”. Entre otros aspectos se realiza una dura réplica a un concepto vertido por la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona respecto a la “falta de preparación suficientes” de los fiscales que hace décadas llevan casos complejos.
La justicia federal penal debe dirigirse hacia una transformación integral, proporcionando celeridad en los procesos, con un rol preponderante del Ministerio Público Fiscal. Es el objetivo del sistema acusatorio y al respecto no hay ninguna voz dentro del Poder Judicial como de la Procuración General de la Nación, que disienta en dicho concepto.
Las diferencias que persisten, esencialmente entre los fiscales, es respecto a la falta de un diagnóstico real por parte del Ministerio de Justicia que utiliza en esencia “informes y estadísticas confeccionadas por el Consejo de la Magistratura y por la Procuración”, explicó una fuente judicial.
Eso deriva en algo que el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, volcó en diversas notas: no tener claridad absoluta sobre el estado de situación actual desde una mirada integral (crisis edilicia, en materia tecnológica y recursos humanos), pone en riesgo el correcto funcionamiento de lo que la Ley exige a la hora de poner en marcha el sistema acusatorio.
“Corresponde remarcar -como se hizo en ocasiones anteriores- que, mediante los distintos pedidos de recursos que se han cursado durante el último año y medio, no se pretendía que fuera el Ministerio de Justicia el que exclusivamente subvencionara o hiciera frente a esas necesidades presupuestarias”, señaló en la nota a la que accedió Clarín, el Procurador.
Por el contrario, se continuó detallando que las presentaciones “se ajustan a lo previsto en el artículo 5º de la Ley 27148 que regula que esta institución se comunique con el Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la cartera a su cargo, lo cual resulta coincidente con las competencias asignadas por el artículo 22 de la Ley 22520, de modo tal de canalizar esas carencias al Ministerio de Economía, a la propia Jefatura de Gabinete de Ministros, o bien a cualquier otro organismo que entienda competente, en virtud de las claras responsabilidades operativas que recaen sobre ese Ministerio en virtud del DNU 188/24”.
Hay dos aspectos que quedan expuestos: por un lado lo referente al presupuesto, la Procuración General de la Nación requirió para el año en curso, ante el Ministerio de Hacienda, una partida $ 641.000 millones, de los cuales fueron aceptados $454.807 millones. Una cifra muy por debajo “teniendo en cuenta que la implementación del sistema acusatorio requiere puntualmente de fondos”.
Por otro lado, se expuso los problemas edilicios que afronta Comodoro Py que son afrontados a la hora de su refacción, con fondos del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema. Eso sumado a la crisis que afronta la Procuración y la Justicia respecto a sus cargos vacantes: el 40% y 32,93% respectivamente son sillones vacíos y eso “es potestad absoluta del Poder Ejecutivo que retiene hace un año y medio, 222 pliegos”, indicó una fuente de los tribunales de Retiro.
Recordó Eduardo Casal ante el ministerio de Justicia que la defensa de los intereses generales de la sociedad, es la “misión fundamental de este MPF” y la misma se vería cuanto menos comprometida, ante un escenario de implementación del sistema acusatorio sin todos los recursos necesarios para garantizar su normal funcionamiento. Algo que se definió como “la eficacia de esa clase de pesquisas, lo cual sería una consecuencia contraria a la buscada por esta Institución, así como por la que está a su cargo”.
Por otro lado, el planteo del Ministerio Público responde a un párrafo puntual del comunicado oficial de la cartera de Justicia que sostenía que los problemas edilicios y otras falencias no eran motivo suficiente para no cumplir con la ley, esto es: poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal.
En su respuesta, Casal le recordó al ministro Cúneo Libarona que los pedidos formulados en diversas notas sólo apuntan a un “correcto funcionamiento de lo que la ley indica”.
La postura de la Procuración General, se consignó en la nota, apuntó a asegurar las condiciones mínimas para un “desempeño adecuado para que no se vea comprometido el éxito de esta transición, indispensable para el cumplimiento de la ley, dentro del marco de austeridad que debe guiar toda gestión que involucre fondos públicos”.
El cambio de modalidad implica que los procesos de investigación desde el inicio hasta la instancia de acusación durante una audiencia de juicio, estarán en cabeza de los fiscales. En la actualidad las pesquisas sólo son delegadas a los representantes del Ministerio Público si el juez así lo decide. No sólo eso expondrá un cambio sustancial, con los magistrados siempre como garantes del proceso, sino que la oralidad se impone como la dinámica que otorgará celeridad a los procesos con plazos estipulados de tres años como máximo.
Se está frente a un cambio de paradigma que para un debido funcionamiento requiere de inversión y una transformación integral del sistema actual. Al respecto, el procurador Casal recordó al Gobierno que aún mientras la anterior gestión cursaba sendos juicios políticos en su contra, nunca se dejó de “bregar por la instauración del acusatorio”, entendiendo que es por excelencia el modelo que garantizará más transparencia y celeridad a los procesos penales.
Desde la Procuración General de la Nación, sin embargo, insisten en que no debe llevarse cabo sin los recursos pertinentes, ya que ello pondría en riesgo el debido funcionamiento en un fuero por demás complejos: en Comodoro Py se investiga la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico.
Bajo esos mismos lineamientos, Casal no dejó pasar por alto otro concepto que el Ministerio de Justicia volcó en su comunicado. El mismo sostenía la existencia de una “falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”.
No sólo fue calificado de “ambiguo” el texto del comunicado que en algún punto reconocía que las condiciones no están dadas para implementar el 11 de agosto el sistema acusatorio en Comodoro Py, motivo por el cual se debió postergar por tres meses, sino que el jefe de los fiscales desechó ese argumento inicial.
Explicó en su nota que no debe confundirse la “necesidad de reforzar las herramientas de las que disponen los representantes de esta Institución para la sustanciación y litigación en casos complejos bajo los parámetros y en los plazos del nuevo código, con la equívoca conclusión a la que puede conducir ese texto, en el sentido de que los magistrados no se encuentran preparados para su investigación”.
A la hora de sostener este argumento, el jefe de los 368 fiscales nacionales y federales, indicó: “Un sinnúmero de casos judiciales complejos, voluminosos y de público conocimiento, tramitados bajo las normas del CPPN demuestran, sobradamente, que los fiscales efectivamente están en condiciones de llevarlos adelante y lograr exitosas investigaciones respecto de funcionarios públicos de distintas jerárquicas, que incluso han dado lugar a trascendentes condenas y recupero de activos de consideración”.
Los propios representantes del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Py de instrucción como los generales que intervienen en los juicios orales, recordaron que son quienes llevaron adelante procesos como el caso Vialidad, que derivó en la condena de la expresidenta Cristina Kirchner, expedientes como Ciccone que llevó a prisión a Amado Boudou, la Ruta del Dinero K donde se corroboró un circuito de lavado por 55 millones de dólares. Todos los procesos con confirmación de la Corte Suprema de Justicia.
El listado de casos complejos que para la Procuración “expone la preparación sobrada de los fiscales para casos complejos”, añadió una fuente judicial, es más amplio: Hotesur – Los Sauces, que volverá a sentar a Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados, el caso Cuadernos cuyo juicio inicia el 7 de noviembre con más de 170 acusados, el juicio por el lavajato argentino, Odebrecht, la causa por desvíos de fondos en YCRT que condujo a Julio De Vido a prisión, entre otros.