Este lunes Milei presentó el presupuesto nacional para el ejercicio 2026. En el corto mensaje grabado por cadena nacional, sin dar muchas precisiones, prometió aumentos en discapacidad y que las jubilaciones iban a ser parte del grueso del presupuesto, en los números presentados, la realidad es otra.
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Según Milei, las pensiones por discapacidad percibirán un aumento del 5% por encima de la inflación estimada para 2026. Sin embargo, en el texto del proyecto se proyecta una reducción de la partida total para este rubro.
El monto proyectado para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dependiente del Ministerio de Salud, asciende a $5,21 billones, un leve aumento del 8,3% de la asignación actual de $4,8 billones. Pero si consideramos que la inflación estimada por el Gobierno es del 10%, en términos reales hay un desfinanciamiento de la Andis, más aún si la inflación termina siendo mayor. El relevamiento que realiza el Banco Central estima un 17,7% para el año que viene.
Pero más aún, el monto destinado al pago por pensiones por invalidez que administra la Andis cae en términos nominales: se prevé asignar $4,038 billones, una cifra menor a la asignación actual para este concepto: $4,059 billones. Según el Ministerio de Salud, el año próximo quieren recortar 156 mil pensiones por invalidez de las actuales 1.133.549 pensiones que administra.
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En cuanto a las jubilaciones, Milei prometió para 2026 un aumento del gasto en jubilaciones en un 5%” por encima de la inflación», estimada del 10% anual. Sin embargo, en las planillas enviadas al Congreso no figura el detalle de las asignaciones para la seguridad social por lo que no se puede saber, entre otras cosas, si el Gobierno tiene previsto aumentar el bono de $70.000, congelado desde marzo de 2024, o alguna partida extra para compensar el deterioro de las jubilaciones.
Pero lo que sí detalla el mensaje de presupuesto es una reducción de las partidas destinadas a pagar sentencias previsionales. El monto se reduce de $390.050 millones a $212.288 millones, casi la mitad de lo proyectado un año atrás. El recorte equivale a una reducción nominal del 45% y de casi el 60% descontando la inflación.
Según el especialista Ismael Bermúdez, se estima que ANSeS tiene 270.000 juicios en trámite, de los cuales 90.000 tienen sentencias firmes que están pendientes de pago. Según la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes.
Pero eso no se cumple porque ANSeS abona todos los años la partida que marca el Presupuesto Nacional, que alcanzaba a unas 35.000/40.000 sentencias. Y el stock no se reduce porque ingresan nuevos juicios.
Actualmente, las Cámaras Federales y de Seguridad Social de Tucumán, Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca, declararon la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y marzo de 2024 -durante el Gobierno de Alberto Fernández. Y ordenaron reparar la pérdida acumulada durante todo ese período. El Gobierno reconoce que hubo esa pérdida pero no la repara a lo que se agrega que el bono de hasta $70.000 para haberes mínimo sigue congelado desde marzo 2024.
El gobierno presenta el Presupuesto 2026 en su peor momento, en una grave crisis financiera, luego de una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, y en la previa a las elecciones legislativas de octubre. Los anuncios de aumentos se contradicen con los números presentados, y más aún con lo que presenta como base del presupuesto, el ajuste para el equilibrio fiscal pedido por el FMI.
Ninguna confianza en el Congreso Nacional que viene de votar en contra de los jubilados y que ya votó la Ley Bases (con sospechas de corrupción) y tantas otras normas de ajuste y entrega.
Solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas para derrotar el ajuste. Mañana miércoles, todos a las calles contra los vetos.
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