La sangre no llegó al río entre los aliados del PRO y LLA. El oficialismo terminó por darle al PRO lo que reclamaban las espadas legislativas del partido fundado por Mauricio Macri: el reconocimiento explícito en el proyecto de Presupuesto de que el Gobierno cumpliría con el fallo de la Corte Suprema para devolverle 1,55% en materia de coparticipación. Sin embargo, todavía persisten dudas en el cálculo del monto.
El acuerdo llegó sobre el filo de la tarde del lunes y se cocinó entre dos viejos conocidos: Cristian Ritondo, jefe de bloque amarillo, y del ministro del Interior Diego Santilli.
“Facúltese al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos» CSJ 1865/2020”, señala el artículo incluido a último momento, en el dictamen aprobado en la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja que llegó este miércoles al recinto.
Si bien el ministro coordinador tiene entre sus atribuciones constitucionales la reasignación de partidas, el alcance de las correcciones es de hasta el 5%, según la ley de administración financiera. En la bancada del PRO destacaron que el artículo aseguraría el pago del monto que acuerde la Ciudad con la Nación. «Le estás diciendo para qué tiene que hacerlo», señalan.
Cerca de Jorge Macri son cautos y esperan que termine de formalizarse el resultado de la negociación que llevan los equipos del ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, con los de Economía, a cargo de Luis Caputo.
“Vamos a pedir que esté expresado en el Presupuesto. Hicimos el planteo. Ahora ellos tienen trabajo para adentro para ver si lo pueden incluir”, había dicho el ejecutivo porteño durante su última visita a la Rosada, cuando se reunió con Santilli, Manuel Adorni y Pilar Ramírez, delegada de Karina Milei y la referente con la que el ejecutivo porteño desentraña otros temas sensibles como el traspaso de competencias de la Justicia, luz verde para créditos internacionales y el traslado de la cárcel de Devoto.
El ritmo de transferencias venía bien hasta agosto pasado, cuando los pagos semanales por ese 1,55% comenzó a ralentizarse, y llevaron la deuda a $ 280.000 millones, según las autoridades porteñas. En la Nación asumen que el monto es menor. “Están mucho más cerca de un acuerdo”, se entusiasman en la Casa Rosada.
Si se cuenta la deuda «para atrás» -previa al fallo del la Corte- que reclama por lo bajo la Ciudad, la cifra asciende a un número astronómico: US$ 6 mil millones. Nadie en CABA cree que haya margen para ese pago.
La inclusión del artículo que explicita que el Gobierno contará con los fondos para el fallo llegan días después de que el oficialismo denunciara acuerdos entre el PRO y el peronismo en varios concejos deliberantes de la Provincia y en la Legislatura porteña.
“No hay nadie que nos tenga que cuidar más a nosotros que ellos. Mirá los tres diputados de Tucumán: ya les salieron 20 mil palos”, señaló una espada legislativa del PRO a propósito del ATN que el Gobierno autorizó la semana pasada para la provincia que gobierna el siempre predispuesto (a colaborar con el oficialismo) Osvaldo Jaldo.
La inclusión del artículo sobre la deuda porteña -que no especifica de dónde recortará el jefe de Gabinete esos recursos- no fue el único gesto de los libertarios a los macristas.
El presidente de Diputados Martín Menem colaboró para que la alianza entre el PRO y la UCR sea reconocida como la tercera minoría por delante de Provincias Unidas y por detrás de LLA y del peronismo. Ese reconocimiento le servirá al PRO para ocupar lugares en comisiones clave.
En el equipo de Santilli, que está abocado a negociar con los gobernadores, son optimistas pero cautos. Descartan que la inclusión del reconocimiento para la Ciudad pueda envalentonar a otros gobernadores que reclaman partidas atrasadas al Gobierno.
Argumentan que la diferencia sustancial con el caso de la Ciudad es que no hay un fallo de fondo, aunque trece provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias reclaman fondos previsionales ante el máximo tribunal. En ese sentido, el Gobierno ya mostró un acercamiento con varios de los mandatarios provinciales que reclaman compensaciones como Entre Ríos, Córdoba, Chaco y La Pampa.
La Corte acaba de ordenar una suerte de conciliación obligatoria entre el Gobierno y La Rioja por los reclamos por deudas atrasadas que favorecen al distrito a cargo de Ricardo Quintela, uno de los opositores más duros del Gobierno, pero con escaso músculo parlamentario.
En la previa de la votación en el Congreso, en el Gobierno evitaban el triunfalismo desmedido y señalaban que las derogaciones de las leyes de fortalecimiento educativo para universidades y discapacidad metían más ruido que la mención explícita a la deuda de la Ciudad. «Veníamos andando en coche y ahora vamos en Sulky, pero estamos más cerca», se entusiasmaban