El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, envió este martes una carta al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, para invitarlo a iniciar un proceso sobre cómo a empezar a auditar las facultades de esa casa de estudios, tal como adelantó Clarín el domingo en exclusiva.
El pedido se envió en medio de protestas de estudiantes, docentes y no docentes contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.
Apenas llegó la carta, el Consejo Superior de la UBA fue convocado para mañana a fin de decidir cómo responder la carta. Una de las propuestas es proponer que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que integran todas las universidades, proponga firmar un convenio con la SIGEN para auditar a todas las casas de altos estudios.
El convenio deberá ser voluntario para cada una de las 61 universidades y deberá decir qué gastos exactamente la SIGEN quiere auditar.
La propuesta de un sector de la UBA también supone firmar un convenio paralelo para que el Consejo Profesional de Ciencias Económicos también audite a la casa de altos estudios porteños.
Para los impulsores de este proyecto deberá quedar en claro que se acepta a la SIGEN peses a que “la Constitución y las leyes dicen que debe ser la AGN la que audite las universidades públicas”. resaltaron las fuentes.
En la carta, Blanco informó a Gelpi quiénes serán los auditores de la SIGEN y solicitó que designe a contacto un para comenzar la tarea, luego de que el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, anuló una resolución de su antecesor que prohibía a ese organismo auditar a las universidades públicas y establecía que solo podía hacer la Auditoría General de la Nación (AGN) que depende del Congreso.
Una vez nombrado ese enlace, Blanco quiere que “se empiece a planificar la auditoría y pongan a disposición la documentación que necesitamos para hacerlo”, confirmaron fuentes del Gobierno a Clarín.
Aunque Blanco no lo dijo, si la UBA se niega a ser controlada el caso terminaría siendo definido por la Justicia.
El plan de Blanco es no solo auditor los fondos públicos que las 61 universidades del estado reciben del Tesoro Nacional, sino también “2.200 convenios” con terceros. Algunos, como el de pasantes, no tienen importancia, pero otros podrían cubrir contratos millonarios como el que hizo el ex ministro de Planificación Julio De Vido con la universidad de San Martín para financiar la inconclusa novela “Mamá Corazón” que está ahora en la Justicia.
“Nos fijamos cuál es el origen de los fondos y cuándo se recibieron. En el caso de la UBA tiene más de 350 convenios, hay que ver qué fondos se recibieron con esos convenios y con quién se hizo. Hemos encontrado casos de convenios sin licitación pública, esas son cosas que vamos a verificar”, explicó el ex presidente de IDEA.
Blanco, un contador egresado de la UBA, señaló que “acá hay una confusión entre la autonomía y la autarquía. La universidad tiene libertad académica y de autogobierno, pero la autarquía es la financiación y serían autárquicas si se financiarán con fondos propios y no lo son”.
Contó que los informes que produzca la SIGEN “van a ser accesibles a cualquier ciudadano porque son información pública”.
Luego Blanco dijo que “hoy por hoy no podemos auditar la totalidad de las universidades y las facultades, porque tienen manejos distintos, tenemos que hacer un cronograma y vamos a evaluar primero a las facultades más grandes”.