El Gobierno ratificó finalmente el veto a la ley de financiamiento universitario. Pese a la derrota en las elecciones bonaerenses del último domingo, el Gobierno mantiene firma su bandera de equilibrio fiscal. Fue mediante una resolución publicada este miércoles, que dispuso que se devuelva al Congreso la ley.
La decisión del Gobierno llega luego de que el Senado rechazara la semana pasada el veto del Gobierno a la Ley de emergencia en Discapacidad, que asigna más recursos para el área, en una sesión marcada por el escándalo de los audios sobre presuntas coimas en ese sector del Gobierno, que derivó en una derrota cuyo impacto trasciende el aspecto fiscal. Es la primera vez el oficialismo no logra sostener un veto, última herramienta del líder libertario frente a la mayoría opositora del Congreso.
Qué contempla la ley de financiamiento universitario
La ley de financiamiento universitario fija que los gastos de funcionamiento de las universidades públicas deberán actualizarse «al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024″. Además, durante este año las subas serán bimestrales.
También obliga al Ejecutivo a «actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período». Todo incremento deberá «ser remunerativo y bonificable».
Otro punto central establece que, a los 30 días de sancionada la ley, se deberá «convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada» por el INDEC, tanto para docentes como para personal no docente.
El proyecto de Financiamiento Universitario se había votado con 58 adhesiones, apenas 10 rechazos y las abstenciones de Andrea Cristina, Victoria Huala (ambas del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). La oposición logró así sancionar una ley con amplio respaldo, aunque la disputa continuará: si el Ejecutivo veta la norma, el Congreso podrá insistir con dos tercios en ambas Cámaras.
El proyecto de Financiamiento Universitario se había votado con 58 adhesiones, apenas 10 rechazos y las abstenciones de Andrea Cristina, Victoria Huala (ambas del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). La oposición logró así sancionar una ley con amplio respaldo, aunque la disputa continuará: si el Ejecutivo veta la norma, el Congreso podrá insistir con dos tercios en ambas Cámaras.
El mensaje de la UBA luego de las elecciones bonaerenses
Apenas un día después de los comicios bonaerenses, mientras Milei revisaba la estrategia política de su Gobierno tras la derrota, la UBA lanzó un video por redes sociales en el que su rector, Ricardo Gelpi, y los decanos de todas las facultades le reclaman al Gobierno reclamaron que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario, es decir, que no la vete como anunció que haría.
En el video remarcan que la ley «es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública» y que en el caso puntual de la UBA «se encuentra en emergencia en materia salarial» del personal docente y no docente, así como «los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria».
«La UBA es de quienes estudian, de quienes enseñan y de quienes encuentran en ella atención, respuestas, cuidado y profesionales de excelencia. Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos/as. Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario para poder seguir siendo lo que somos», subrayó el video difundido.
El mensaje que cerró el video de la UBA fue «Cuidemos lo que funciona», un llamado que parece apelar a la «autocrítica» que prometió Milei luego de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el peronismo le sacara unos inesperados 14 puntos de diferencia en la provincia más grande del país.
No se descarta, a partir de la decisión adoptada por el Gobierno este miércoles, que en las próximas horas se anuncien medidas de fuerza en universidades públicas y marchas en repudio a la medida oficial.
El Gobierno también vetará la emergencia en el Garrahan y los ATN
Además, se descuenta que el Gobierno vetará la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y la distribución de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) impulsados por los gobernadores.
Se trata de todo una señal: pese a la contundente derrota en las elecciones bonaerenses, Javier Milei no da el brazo a torcer y mantiene en alto su bandera de equilibrio fiscal.
El anuncio de los vetos también tensiona la relación con los gobernadores. En las provincias había expectativa de que el Ejecutivo no frenara el reparto de ATN, una herramienta financiera que los 24 distritos reclamaban como propia.
La decisión de avanzar con los vetos se tomó en la reunión de Gabinete de este miércoles, con la presencia de todos los ministros, a excepción del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Ahora, el Gobierno deberá definir qué camino seguirá respecto de la ley de emergencia en Discapacidad, ya ratificada por el Congreso. En la Casa Rosada evalúan distintas alternativas: desde judicializar la normativa hasta reglamentarla de forma que su implementación quede sin efecto.
La derrota en Buenos Aires representó un golpe político de magnitud para el oficialismo. La fractura con gobernadores aliados del bloque de Provincias Unidas y el distanciamiento de otros espacios provinciales abren interrogantes sobre cómo llegará la administración Milei al mes de octubre.
En este marco, la política de vetos vuelve a colocarse como un símbolo del rumbo elegido por el Gobierno, aunque también como un riesgo frente a un escenario de creciente debilidad política.