Con el título «sin políticas democráticas no hay seguridad ciudadana», nueve centros, grupos y equipos de investigación de la Universidad Nacional de Rosario expresaron su «preocupación por las políticas de seguridad implementadas por el gobierno provincial en los últimos meses, su bajo impacto en la reducción de la conflictividad urbana, lo que resulta evidente ante los graves hechos sucedidos en los últimos días; y el consecuente agravamiento de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en la provincia de Santa Fe». Desde la academia señalaron que «la difusión de imágenes y declaraciones de altos funcionarios del Ministerio de Seguridad contrarían las normas constitucionales, internacionales y legales en materia de prohibición de la tortura y todo trato o pena cruel, inhumano o degradante». El incremento de la tasa de homicidios, de la cantidad de personas privadas de su libertad y de la violencia urbana, en paralelo, fue analizado por el documento conjunto.
Con las firmas del Equipo de Investigación (FDER-UNR), el Área de Antropología Jurídica (FHyA-UNR) y Equipo de Investigación sobre infancias y juventudes de la Escuela de Trabajo Social (FCPOLIT-UNR), nucleados en el Proyecto PIUNR “Juventudes, violencia(s) y burocracias estatales”, más el Equipo de investigación sobre Educación en Cárceles del Centro de Investigación de Comunicación en Contextos Socioeducativos (CICSE-UNR), entre otros, el documento expone que «las acciones del gobierno provincial enmarcadas en políticas de ‘mano dura’ no sólo resultan violatorias de derechos humanos básicos, sino que han demostrado su reiterada ineficacia para enfrentar el problema del delito y la escalada de violencia altamente lesiva en la ciudad». En ese sentido, recuerdan que Rosario experimentó en la última década (2012-2023) un aumento significativo de las muertes violentas, clasificadas por las burocracias penales como homicidios. Se ubica así como una de las ciudades con mayor registro de homicidios de Argentina.