Este lunes se comenzaron a tramitar en tribunales argentinos unas 112 denuncias penales contra el presidente Javier Milei por la supuesta comisión de varios delitos a partir de una maniobra fraudulenta con la memecoin $Libra, promocionada el viernes por el mandatario a través de sus redes sociales. Pero el escándalo trasciende las fronteras y ya tiene diversas réplicas económicas, políticas y judiciales en otras latitudes.
El criptogate ya llegó a las oficinas de autoridades de Estados Unidos. Motorizada por el estudio jurídico Moyano & Asociados, especializado en casos de “insolvencia internacional” y “fraudes financieros”, llegó a los despachos del Departamento de Justicia y del FBI (Oficina Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) una denuncia criminal contra les hermanes Milei y otros protagonistas del escándalo que, se calcula, estafó a miles de personas por una cifra cercana a U$S 100 millones.
Moyano & Asociados, estudio de origen argentino, presentó un “reporte de operaciones criminales” en el que acusa, detallando el rol de cada quien en el asunto, a Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei y los empresarios cripto Hayden Mark Davis (estadounidense), Julian Peh (singapurense), Mauricio Novelli (argentino) y Manuel Terrones Godoy (español). El reporte incluye una notificación a la Comisión de Valores estadounidense (SEC).
El buffet de abogados afirma que representa a inversores en su mayoría argentinos, aunque se sabe que el grueso de las personas estafadas no son del propio país de Milei sino de otros, como el propio Estados Unidos.
Según la información difundida por Hugo Alconoda Mon en La Nación, el estudio jurídico “consignó múltiples datos que confirmarían la jurisdicción estadounidense” para poder investigar y castigar las conductas delictivas de Milei y compañía.
Empezando, lófgicamente, porque hay “ciudadanos estadounidenses o con residencia en Estados Unidos que fueron víctimas del delito”. También porque “la plataforma utilizada, llamada ‘Kip Protocol’ está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc está registrada en Kansas City, Missouri”.
A su vez, “tanto Kip Network Inc como la otra firma que estaría detrás de la operatoria delictiva, Kelsen Ventures, no se registraron ante la SEC, ni fueron autorizadas a actuar como vehículos financieros o agentes inversores”. Pero Kelsen Ventures y su dueño Hayden Mark Davis “se presentaron como una firma y un ciudadano estadounidenses”. Sin embargo, Kelsen “resulta inhallable en los registros comerciales o societarios disponibles, por lo que despierta sospechas sobre si siquiera existe dicha firma”.
“Requerimos al Departamento de Justicia que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”, dice el planteo del estudio Moyano & Asociados ante las autoridades yanquis, tal como lo consigna el periodista Alconada Mon.
