El gobierno estafador de Javier Milei decidió darle un duro golpe al Instituto Nacional del Cáncer (INC), desmantelando el Programa Nacional de Cuidados Paliativos creado en 2016. La medida ya genera una fuerte oposición y alarma en diversos sectores, especialmente entre los profesionales de la salud y quienes defendemos el sistema público sanitario.
La decisión criminal de Milei para con miles de pacientes de esta enfermedad (una de las principales causas de mortalidad en el país) se inscribe en el contexto de ajustes y recortes que afectan directamente las condiciones de vida de sectores muy amplios de la sociedad, especialmente aquellos que no cuentan con recursos para afrontar los costosos tratamientos oncológicos.
La medida incluye la suspensión de la compra de opioides (como la morfina y la metadona) y el despido de buena parte del personal especializado del Programa de Cuidados Paliativos. Según informaron sus trabajadoras y trabajadores, de ocho profesionales con los que contaba el Programa, quedan solo dos.
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A través de un posteo en sus redes sociales, la doctora Mariana Pechenik, referente del área, dijo que “los cuidados paliativos argentinos estamos de luto”, ya que se espera que haya “más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor”.
Pechenik agregó que se está atacando a un organismo “formador de recurso humano interdisciplinario en C.P. a través de becas en servicios de excelencia y cursos variados; provisión de morfina y metadona a las 24 jurisdicciones del país para apoyar principalmente el tratamiento del dolor severo por cáncer en las provincias más pobres del país; asesoría y apoyo permanente a los equipos de cuidados paliativos de todo el país”.
El desmantelamiento del INC, creado para coordinar políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento, no sólo pone en riesgo estos servicios, sino que también sigue dejando a miles de trabajadores de la salud en una situación de total incertidumbre laboral. El plan de guerra contra el pueblo trabajador impulsado por el gobierno liberticida, pretende “reducir costos”, pero en realidad se orienta a beneficiar a las corporaciones privadas de la salud, favoreciendo un modelo de mercado por sobre el derecho universal a la atención sanitaria.
La Libertad Avanza encara un plan más amplio de vaciamiento del sistema público de salud, en beneficio de laboratorios y empresas privadas. Mientras tanto, las direcciones sindicales mantienen una actitud pasiva, a pesar de que la situación exige una respuesta contundente. La provincialización y privatización de hospitales nacionales, como el Posadas, son pasos que van en la misma dirección de este desmantelamiento, dejando a millones sin acceso a tratamientos esenciales.
Ante esta situación, es urgente que las organizaciones de trabajadores, usuarios del sistema de salud y comunidades afectadas se organicen para resistir estas medidas. La defensa de la salud pública no puede esperar. Es necesario reclamar un sistema sanitario que esté al servicio de las necesidades del pueblo trabajador y no de los intereses de los empresarios y el capital.
El desmantelamiento del Instituto Nacional del Cáncer no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo en la avanzada neoliberal que busca desmantelar derechos históricos conquistados por la clase trabajadora. Es momento de dar la pelea por una salud pública, gratuita y de calidad.
Según la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), la gestión de Javier Milei ya produjo severos trastornos a centenares de pacientes, a quienes se les suspendió la entrega de medicamentos oncológicos tras la disolución de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse).
Según Fesprosa, el año pasado al menos 60 personas fallecieron por la falta de entrega de esa medicación.
En ese marco, y tal como se resolvió hace días en un importante encuentro de coordinación de sectores en lucha, este jueves 27 se realizará una gran marcha por la Salud Pública, convocada por trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Salud y de hospitales como el Bonaparte, el Posadas y el Garrahan. La convocatoria incluye el llamado a las conducciones sindicales del sector a que se sumen lanzando un paro y poniendo en pie un verdadero plan de lucha que le tuerza el brazo al plan criminal de Milei y sus secuaces.