El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió las políticas de seguridad que lleva adelante, se dirigió a quienes lo critican por sus decisiones en materia carcelaria y lo acusan de “incumplir con los derechos y garantías”, y afirmó que sus acciones están amparadas en la ley. “A quienes vienen a hablarnos de derechos humanos (DD.HH)y de que los presos son pobrecitos, les decimos: si tan buenos son estos presos, llévenselos a sus casas”, sostuvo.
Las declaraciones del mandatario provincial ocurrieron durante la presentación de 30 patrulleros para la capital provincial. En ese contexto, y en medio del crecimiento de los delitos ligados con el narcotráfico, aseguró que su administración está “poniendo mucho orden, porque era lo que había que hacer”.
“No podemos permitir que los presos desde allí manejen organizaciones criminales. No vamos permitir que desde la cárcel manden a matar y a extorsionar. El Estado dejó de ser el Estado bobo de la provincia de Santa Fe”, sentenció.
En este sentido y frente al reclamo de abogados y organismos de DD.HH. por la situación de los detenidos en las cárceles provinciales, el titular del ¿Ejecutivo santafesino aseguró que no va a haber “más debates estériles” porque -según aseguró- su gestión está abocada a “trabajar para garantizarle la seguridad pública a los hombres y mujeres de la provincia”.
“Algunos nos critican, dicen que no estamos cumpliendo con los derechos y las garantías. Mentira. A nosotros la ley nos faculta para hacer lo que estamos haciendo en la cárcel y lo que hacemos es que se cumpla con la ley y que se cumpla la Constitución. Eso no lo vamos a dejar de hacer nunca”, enfatizó.
En consonancia, ratificó las decisiones que tomó, sostuvo que “los presos no van a cometer más delitos desde la cárcel, no van a tener celular” y se detuvo en particular en las quejas por la imposibilidad de que les lleven alimentos.
“No es que no les entra comida porque nosotros somos malos: no dejamos que les entre de afuera porque ahí les llevan elementos ilegales y todos lo saben. Lo saben los abogados defensores, la familia y los organismos de derechos humanos. Que nos vienen a decir cuál es el problema de la comida en la cárcel! Porque ahí entraba droga, elementos prohibidos y celulares”.
En tanto, indicó que pese a los cuestionamientos seguirá adelante con el rumbo delineado y aseguró sentir “bronca” porque “no es justo lo que pasó en la provincia de Santa Fe”. “Les agradezco a muchos legisladores que estudiaron en profundidad esto. Cuando a uno le toca estar al frente de la Policía y del Servicio Penitenciario durante cuatro años, como en mi caso, como ministro, cambia la forma de pensar y pone como prioridad resolver los problemas. Y este gobierno vino a resolver los problemas”, agregó.
LA NACION