El expresidente está a un paso de ser enviado a juicio oral luego que la Cámara Federal confirmara su procesamiento en la causa donde se lo acusa de agredir físicamente y violentar psicológicamente a su expareja, Fabiola Yáñez. Con el material probatorio que la exprimera dama presentó ante la justicia, Alberto Fernández podría enfrentar una pena de hasta 18 años de prisión.
Sin embargo, para llegar a ello, el rumbo que vaya a tomar la estrategia y defensa del acusado es clave, tanto a su beneficio como en su contra. Por el momento, el exmandatario intentó defenderse, mediante entrevistas y ante la justicia, desacreditando a quien era su pareja, alegando que sufre de adicción al alcohol, que la denuncia en su contra se realizó únicamente con fines políticos, y que Yáñez obtuvo dinero por ello, entre tantas otras justificaciones que intentó dar.
Pero, la Corte Federal ya lo imputó por violencia de género que, términos menos simplistas, abre un abanico de delitos tales como lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y amenazas coactivas. Pero, primero, ¿qué denunció Fabiola Yáñez?
Teniendo en cuenta que el término «violencia de género» puede sonar abstracto, especialmente por la familiarización que trágicamente se hizo como sociedad sobre éste, es importante mencionar qué denunció Yáñez. Según consta en la causa judicial y sus declaraciones públicas, desde el 2016 hasta el 2024, ella afirmó haber sufrido: Agresiones físicas, dijo que ocurrió en al menos seis episodios de violencia. Entre ellos, golpes en el rostro, brazos y abdomen que dejaron moretones visibles.
En mensajes que compartió con María Cantero, exsecretaria de Fernández, Yáñez le mostró lo que le envió al entonces presidente: «Venís golpeándome hace tres días seguidos» y compartió fotos de hematomas en el brazo y un ojo morado. También denunció un incidente en la Quinta de Olivos donde Fernández la tomó del cuello, dificultándole respirar, y otro donde la golpeó durante su embarazo, lo que agrava la imputación por el riesgo al feto. También describió un patrón de humillaciones, insultos y control donde Fernández habría restringido su autonomía, vigilado sus movimientos, cuestionado sus decisiones, especialmente durante la convivencia en Olivos.
Amenazas y coerción: Yáñez denunció que Fernández la amenazó para evitar que hablara o lo dejara, aprovechando su posición de poder como presidente. Estas amenazas, calificadas como coactivas, se intensificaron en el contexto de Olivos, donde Yáñez vivía bajo el control de Fernández y su entorno. En ese contexto, de acuerdo al Código Penal, las penas asociadas a ello son: por lesiones leves agravadas, hasta 4 años de prisión, que se aplicaría a los episodios de violencia física que causaron daños menores pero que, en el contexto de pareja, adquieren mayor gravedad; por lesiones graves agravadas hasta 15 años debido a que, a diferencia del anterior, se refiere a agresiones que causaron daños significativos como el presunto golpe en el abdomen que Fernández le habría dado a Yáñez durante su embarazado; por las amenazas coactivas podría recibir hasta 4 años de prisión que estarían probadas en los mensajes que Fernández le envió a Yáñez pidiéndole que no lo denuncie y que no abandonara su relación con él.
Yáñez alegó haber pedido ayuda al ex Ministerio de las Mujeres, pero la entonces ministra no la ayudó
Si el exmandatario fuera condenado por todos los cargos en su grado máximo, las penas podrían acumularse, podría recibir una pena de hasta 18 años. Sin embargo, la pena final dependerá de la calificación de los hechos; es decir, la cantidad de episodios probados y la valoración de agravantes, como la asimetría de poder durante su presidencia.
Las pruebas que presentó Yáñez
Los mensajes de WhatsApp que Yáñez envió a la exsecretaria de Alberto y por los que inició la causa, son claves para dar con un veredicto final, aunque la Justicia ya los consideró lo suficientemente sólidos como para procesar al acusado. Asimismo, las fotos y videos que esta envió, mostrando hematomas en el brazo, cara y otras partes del cuerpo, además de un video que mostraría una actitud violenta del exjefe de Estado, ya fueron presentados como evidencia directa.
Los testimonios también tienen gran peso en esta causa, teniendo a la madre y hermana de Fabiola, a Sofía Pacchi (exasesora de imagen), y empleados de Olivos, probando que Fernández agredía y violentaba a quien era su pareja. Además de los informes psicológicos donde expertos del Ministerio Público Fiscal y una psiquiatra de la querella concluyeron que la denunciante sufre secuelas que corroboran que fue víctima de violencia prolongada.
La estrategia de Fernández para desestimar las acusaciones
La defensa de expresidente, integrada por su abogada Silvina Carreira, negó categóricamente las acusaciones e intentó desacreditar a Yáñez con varias contra-acusaciones. La primera fue sobre el presunto problema de la exprimera dama con el consumo excesivo de alcohol; lo que, según ellos, habría causado las lesiones (por caídas o accidentes) alterando también su percepción de los hechos. Aunque también plantearon que los moretones podrían deberse a las intervenciones estéticas a las que se sometió.
Luego, Fernández denunció a Yáñez por falso testimonio, alegando que su relato es una historia motivada por los celos, venganza y/o presión política de sectores opositores. Pero, terminó siendo desestimada por falta de méritos. Otro ítem en el listado de la defensa fue cuestionar el proceso judicial, donde Carreira intentó recusar al fiscal Ramiro González y anular la declaración de Yáñez, argumentando irregularidades pero, al igual que la anterior, esta maniobra no prosperó.
¿Puede evitar la prisión?
En caso de ser condenado, Alberto Fernández podría beneficiarse de una pena en el rango inferior porque no tiene condenas ni antecedentes previos. También, al igual que su exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, su avanzada edad y los pacientes tiempos de la Justicia podrían beneficiarlo.
Como el proceso judicial aún está en etapa de procesamiento y a la espera de juicio oral, el dictado de una condena en su contra podría extenderse varios meses o años. El exmandatario cumplirá 70 años en abril del 2029, si para ese entonces está condenado y cumpliendo la pena podría solicitar prisión domiciliaria, y en caso que aún no esté cumpliéndola podría evitar la cárcel debido a su avanzada edad.
De igual forma, previo a los 70, su defensa también podría argumentar que su cliente tiene problemas de salud y, así, evitar la prisión. Es decir que, el exmandatario podría recibir una pena de cárcel contundente en la causa de violencia de género, pero la gravedad de ella se regirá dependiendo los tiempos, las pruebas, las desestimaciones, y las últimas instancias que su defensa aprovechará en caso de ser necesario.