En una nueva montaña rusa con la que la economía argentina ya acostumbró a los agentes de mercado, en menos de dos semanas el temor por una estampida del dólar se transformó en la incertidumbre por un piso demasiado bajo. Ni uno ni otro estado de ánimo son caprichosos: así como las reservas del Banco Central tuvieron en poco más de un mes un drenaje de US$2.000 millones, el salvavidas con que el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó la flexibilización del cepo cambiario cambió el signo a las reservas netas (se calculaban en US$-5.500 millones antes del 11 de abril) y desinfló las expectativas de una corrección cambiaria.
Los plazos. Lo que comenzó con una depreciación del 10% en el tipo de cambio oficial, se fue diluyendo hasta un 5% en la segunda semana de la “liberación”. También la brecha llegó a su nivel mínimo desde que se retomó la vieja costumbre de control cambiario en septiembre de 2019: sólo 5%.
¿Se avecina una nueva “anormalidad”? La flexibilización en el mercado cambiario no significa la desaparición de todo tipo de restricción. Quizás sí para algún segmento del mercado (el minorista) con más visibilidad, pero siguen existiendo para otros, como la repatriación de utilidades o su stock de deudas acumuladas. El economista Carlos Melconian sostiene que el cambio de expectativas no fue por la “fase 3” del programa económico sino por el “volantazo” que implicó el acuerdo con el FMI y que el resultado final del proceso tendrá que ver con las variables que lo hagan sustentable, como un superávit fiscal suficiente. Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go, destaca que “otra vez estamos iterando entre una narrativa que anula el disenso y la letra chica de lo que el gobierno firmó con el FMI para habilitar el desembolso, en medio de la carrera electoral” y cree que el Gobierno debería aprovechar para comprar dólares y no forzar el atraso cambiario. “Por un lado, debe acercarse al cumplimiento de las metas con el FMI en un contexto donde, de momento, el crédito en dólares sigue vedado. Además, en la segunda mitad del año, la estacionalidad no ayuda, y el proceso electoral puede meter ruido”, advierte.
En su último informe, la consultora Invecq señala que el programa económico muestra señales sólidas en frente fiscal y en recuperación, pero también que, pese a ello, se acentúa un escenario de turbulencia motivado por la dificultad del Banco Central para acumular reservas. Al respecto, subraya que, a diferencia de lo ocurrido durante el epílogo del gobierno macrista, las finanzas públicas están equilibradas, existe un sector que irá aportando cada vez más dólares independientemente del nivel del tipo de cambio real (energía y minería) y que el apoyo popular al gobierno es más alto que a fines de 2018. “En el plano fiscal, el objetivo de superávit primario fue revisado al alza, pasando del 1,3% al 1,6% del PBI, lo que equivale a un esfuerzo fiscal adicional de aproximadamente US$2.000 millones respecto a la meta original”, anticipa.
Las incógnitas. La apuesta principal es que en el trimestre de “vacas gordas” los exportadores liquiden sin esperar a un hipotético salto en el tipo de cambio. Para el economista Federico Pablo Vacalebre, profesor de la UCEMA, quizás se liquide algo por una cuestión de necesidad financiera de algún productor, pero los números son poco alentadores, incluyo esperando a que la amenaza del Gobierno de no prorrogar la quita de retenciones sea realidad y por una cuestión estacional el dólar tienda a ir para el techo de la banda. Dante Romano, profesor e investigador de la Escuela de Agronegocios de la Universidad Austral, la quita del “blend” hacía esperar una baja en dólares del 5%, pero por ahora la soja logró mantenerse y el maíz subir. “De todas formas, el productor esperaba recibir más pesos por su soja, y esto no está pasando. En el caso del maíz, en cambio, los precios incluso suben en dólares”, detalla.
Por su parte, María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos apunta a que en el último mes y medio se había frenado la alquilación de exportaciones y apurado las importaciones con el ruido que generaba la discusión alrededor de una eventual modificación de régimen cambiario. Además, como el Gobierno no tiene déficit, no precisa ingreso de dólares para cubrir ese rojo por lo que puede quitar presión a dicho mercado y si sostiene el superávit primario, “será un factor de absorción de pesos y de demanda de dólares, con lo cual incluso puede ayudar a que no aprecie tanto el tipo de cambio”, explica.
¿Podrá este nuevo “equilibrio” ser duradero en el mediano plazo? Es claro que el efecto de una relativa estabilidad cambiaria es una meta de todo el programa en el año electoral. El eventual rebote inflacionario que se debería verificar en abril y mayo quedó acotado por la trayectoria bajista del dólar y el desinfle de las expectativas. Al respecto, Vacalebre pone en duda que sea suficiente lo alcanzado durante los primeros pasos del programa. “Observo que el Gobierno está actuando de una manera muy pragmática. Es un escalón más dentro de un proceso de estabilización muy fuerte de la economía, en este caso vinculado al mercado de cambios y a la salud del balance del Banco Central”, completa.
El horizonte. El economista Jorge Colina, de IDESA sostiene que la trayectoria observada del tipo de cambio oficial que tiende al piso de la banda cambiaria ($1.000) en lugar del techo ($1.400), desde el punto de vista del objetivo de minimizar el impacto inflacionario es una buena noticia. Pero, desde la dimensión de la producción nacional se intensifican los problemas de competitividad, es decir, las dificultades que se enfrentan para exportar y competir con los productos importados persisten. “Por un lado, las entidades empresarias piden bajar la presión impositiva para mejorar la competitividad. Por el otro, el Gobierno plantea que el espacio para bajar impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal es muy acotado: posiciones irreconciliables en el corto plazo”, acota. Por ejemplo, según datos del Ministerio de Economía durante 2024, a nivel nacional, el impuesto al cheque recaudó 1,6% del PBI y los derechos de exportación un 1,0% del PBI. A nivel provincial, el impuesto a los Ingresos Brutos recaudó 4,2% del PBI y el impuesto a los Sellos 0,4%. A nivel municipal, la tasa de Industria y Comercio, 0,8% del PBI. “Esto implica casi un 30% del total de los recursos con que cuenta el sector público; no hay posibilidades de eliminar o reducir estos impuestos distorsivos sin volver a caer en déficit fiscal”, concluye.
Por lo visto, es un poco más complejo que quitar trabas, cepos y controles si se aspira a ingresar en un círculo virtuoso de crecimiento económico.