Continuará esta semana el juicio contra Facundo Torres, el oficial de la Policía de la Ciudad acusado de haber provisto a sus colegas el arma de utilería que “plantaron” en el baúl del VW Suran después de haber baleado a Lucas González, el adolescente asesinado en noviembre de 2021 cuando salía de entrenar en las divisiones juveniles de fútbol de Barracas Central. Por el conmocionante caso de “gatillo fácil” ya fueron condenados a prisión perpetua tres efectivos porteños y otros seis recibieron penas de entre cuatro y ocho años de cárcel. En ese primer juicio, los jueces calificaron el crimen como “una cacería por odio racial”.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 comenzó el debate el viernes pasado. La acusación está en manos del fiscal Sandro Abraldes. El oficial, que prestaba servicio en la Comisaría Vecinal 4D, está acusado de los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas.
En la primera audiencia Torres se negó a declarar ante los jueces Juan Ramos Padilla, Guillermo Friele y Sergio Paduczak. Esta semana declarará como testigo el policía condenado que durante el primer juicio declaró que se había “plantado” un arma en la escena.
En ese juicio quedó acreditado que la mañana del 17 de noviembre de 2021, el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva –quienes integraban la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y circulaban en un automóvil Nissan Tiida sin identificación policial ni patente– interceptaron a Lucas González y a sus tres amigos: Niven Huanca Garnica, Julián Alejandro Salas y Joaquín Zuñiga Gómez, cuando circulaban en un auto por el barrio de Barracas.
Los efectivos bajaron del Nissan y les apuntaron, ante lo cual las víctimas intentaron esquivar la situación en la creencia de que eran víctimas de un asalto. Los tres policías de la brigada dispararon contra el Suran: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela al día siguiente. Le habían disparado dos tiros de frente y hasta le quemaron la mano con un cigarrillo cuando agonizaba en el piso.
En el primer debate, uno de los integrantes de la Comisaría Vecinal 4D, Héctor Cuevas, aseguró haber visto cómo sus colegas “había plantado” el arma de juguete dentro del auto en el que iban las víctimas, como para justificar el tiroteo.
“El encausado [Torres], inmediatamente después del supuesto ‘enfrentamiento armado’, se dirigió junto a Issasi hasta la dependencia policial donde prestaba funciones para tomar un arma de utilería que le entregó a su acompañante para que la coloque dentro del rodado Volkswagen, ubicado en la intersección de las calles Perdriel y Alvarado de esta Capital”, explicaron en el requerimiento los representantes del MPF.
“Los detalles del ilegítimo accionar desplegado ese 17 de noviembre de 2021, no solo se condicen con el tenor de la conversación que Cuevas mantuvo al día siguiente del hecho con un individuo al que le refirió ‘lo que hicieron los polis no tiene nombre’, ‘unos dementes’, ‘encima le ponen una pistola de juguete’, ‘yo fui el primero en llegar y vi todo lo que hicieron’”, sino que a ello debían sumarse los informes vinculados a la geolocalización de Torres y la moto Kawasaki Versys que tenía asignada, que fueran remitidos por la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad.
Esa prueba, junto a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y las conversaciones que mantuvieron los oficiales implicados en el homicidio y su posterior encubrimiento, fueron analizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y permitieron desestimar la versión brindada por Torres en su declaración indagatoria.
“La prueba recolectada conduce a afirmar con convicción que el imputado estaba en cabal conocimiento de lo acaecido con los damnificados y participó activamente del plan armado posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la Brigada”, destacó la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio.
LA NACION