La Corte Suprema, argumentando en favor de los principios de alternancia y división de poderes, determinó que la reelección indefinida contradice fundamentos constitucionales.
Declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de la provincia de Formosa que habilitó la octava elección de Gildo Insfrán. El argumento central es que ese artículo va en contra del artículo 5 de la Constitución Nacional
Sin embargo, no se puede obviar que se da como parte de la importante influencia del máximo tribunal en el sistema político y su rol en las disputas entre distintos los distintos sectores del poder. Lejos de ser “imparcial”, la Corte demostró en múltiples ocasiones su alineación acomodándose a los tiempos que corren. No hay que dejar de considerar que el fallo se da luego de casi 30 años de Insfrán en el poder, cursando su octavo mandato; y es más que bienvenido por la administración libertaria y aliados.
Actualmente la Corte viene haciendo equilibrio entre no involucrarse directamente con el plan del Gobierno, como se ve en la inacción respecto del inconstitucional DNU 70/23, y a la vez buscar defender cierta autonomía ante la administración libertaria, que necesita de una Corte adicta para llevar adelante su plan de ajuste. Este miércoles, la Corte estableció un mecanismo para la designación de conjueces en los casos que no logre mayoría, lo cual impediría que se trabasen eventuales fallos. Tras la jubilación de Maqueda efectuada este jueves, la medida tiene como fin poder fallar en una causa mediante el sorteo de conjueces ante la imposibilidad de alcanzar consensos para completar las mayorías requeridas. Ricardo Lorenzetti, enfrentado con el resto de los miembros, se opuso y opinó que la acordada no era necesaria. La disputa se da en el marco del intento del Gobierno, con la señalada ayuda de Lorenzetti, por incorporar al controversial Ariel Lijo al máximo tribunal.
El gobernador ya piensa en la convocatoria hacia la Asamblea Constituyente provincial, para la cual tiene 12 meses para llamarla, en la que se denuncia que llevará adelante alguna maniobra para garantizar su continuidad “por uno o dos mandatos más”, según diversas fuentes opositoras. De esa manera buscaría disfrazar bajo el manto de la legalidad una estrategia que le permita pasar por alto el reciente fallo de la Corte.
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Ante esto la oposición de los partidos tradicionales, aglutinada en el Frente Amplio Formoseño (encabezado por la UCR, el MID, el PS, el PRO, la Coalición Cívica ARI, y otros) comienza a pensar en una alianza con los libertarios para una eventual presentación a la Justicia ante la posibilidad de que el gobernador intente insistir con un nuevo mandato.
Tanto la Corte como Insfrán aparecen como protagonistas de un enfrentamiento alejado de las necesidades y los intereses del pueblo trabajador. Con su historial de fallos escandalosos y controvertidos, junto a su funcionamiento y carácter antidemocrático, la Corte actúa como un engranaje más de la casta política en su conjunto, cuya función es preservar el desigual orden económico y social. Insfrán, cacique peronista y aliado al kirchnerismo mientras éste ocupaba la Rosada, por su lado ha consolidado un régimen político en la provincia que no hizo más que reforzar las estructuras de poder en beneficio de sectores concentrados de la economía local.
Gobernada como feudo, la provincia norteña está marcada a fuego por la violencia policial, la pobreza y la desigualdad. Las represiones del gobernador contra la comunidad wichi son una constante, que en 2022 dejó a la luz nuevamente el nivel de brutalidad con la desaparición y muerte de un joven de la comunidad.
Los últimos datos del Indec publicados a fines de septiembre y correspondientes al primer semestre de 2024 señalaron que el 67,6% de los habitantes de la capital provincial vive por debajo de la línea de pobreza, mientras que cerca del 20% (19,8%) está en la indigencia. Esos datos mostraron un fuerte incremento de esos indicadores en comparación con los semestres anteriores, mostrando una profundización de la crisis en la provincia.